BUENOS AIRES.- Legisladores electos por el Frente para la Victoria, el Frente Unidos por una Nueva Alternativa (Massa-De la Sota) y de Cambiemos coincidieron ayer, en la sesión plenaria del Parlasur, en no aceptarle la renuncia a su par de bancada y ex secretario de Obras Públicas José Francisco López, y resolvieron expulsarlo del Parlasur “por graves actos de falta de decoro”, en el encuentro que se desarrolló en en la ciudad de Montevideo.

La votación de la expulsión fue “por unanimidad” atendiendo “falta de decoro en su conducta”, según lo estipulado en los artículos 29 y 30 del Reglamento Interno del Parlamento. Así se aprobó el dictamen de la comisión de Asuntos Internos del Parlasur, que recomendó la expulsión de López.

En ese marco el Presidente del Parlasur, Jorge Taiana, señaló que “el pleno del cuerpo decidió rechazar la renuncia que había presentado López y optó por continuar con la sanción disciplinaria que se había iniciado” y agregó que “el Parlasur ha dado un mensaje claro y contundente de repudio y castigo a la corrupción”.

El artículo 27 inciso 1 del reglamento interno del Parlasur sostiene que “no será aceptada la renuncia de ningún parlamentario que se encuentre sometido a procedimiento disciplinario”.

El parlamentario de Cambiemos, Fabián Rodríguez Simón, recomendó desde su bancada al plenario “que se lo expulse”. “Se le dio la oportunidad de efectuar su descargo, pero como no lo aprovechó, no se le aceptó la renuncia y se recomendó su expulsión”, precisó.

En tanto, Fernanda Gil Lozano (Frente UNA), alentó un pedido suyo a Taiana para que “haga primar el debido proceso y que continúe la sanción disciplinaria por sobre la renuncia de José López”.

En la justicia

En tanto, ayer se supo que el juez Daniel Rafecas planea hacer una nueva inspección ocular en la casa en que vivía el detenido ex secretario de Obras Públicas, y citar a declarar como testigo al diputado kirchnerista del Parlasur Alejandro Karlen.

La decisión del magistrado pretende corroborar si son veraces varios de los dichos que el ex número dos de Julio De Vido vertió en la víspera en su amplia declaración indagatoria.

Mientras tanto, el fiscal Federico Delgado pidió ayer la ampliación del procesamiento del detenido ex funcionario K, y los procesamientos de su esposa, dos allegados al matrimonio y una de las religiosas del monasterio de General Rodríguez, donde el ex funcionario intentó esconder casi U$S 9 millones.

El requerimiento del fiscal alcanza a María Amalia Díaz, por “su participación en el supuesto enriquecimiento ilícito de López”; a Andrés Enrique Galera y a Eduardo Ramón Gutiérrez “en su carácter de testaferros”, y a “la Hermana Celia Inés Aparicio por el encubrimiento”.

“López y su mujer son los verdaderos dueños de la casa de Dique Luján y vivían allí”, sostuvo el fiscal, y subrayó que el propio ex secretario “refirió que al dinero lo tenía oculto en su casa, más precisamente, en un contrapiso del tanque de agua ubicado arriba de la habitación personal de él y de su esposa”.

respecto de la llamada Hermana Inés, el fiscal remarcó en su pedido que “ayudó a López a ocultar los rastros del delito” por “la colaboración que le brindó la noche en la que este último fue al Monasterio”. (DyN-Télam)