Es una de las varias asignaturas pendientes que han alcanzado la mayoría de edad. Forman parte del paisaje urbano desde hace muchos años. Son un reflejo de la desocupación, de la indigencia, de la indiferencia, de la falta de humanidad. Ellos se ocupan de la basura ciudadana y aunque en varias oportunidades se han hecho propuestas para erradicarlos, los carros de tracción a sangre siguen surcando las calles, las avenidas, las rutas, los basurales. Las quejas ciudadanas por el maltrato que algunos les dan a sus animales suelen ser frecuentes.

En diciembre pasado, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanzó el plan “Basurales Cero”, que consistía en secuestrarles los vehículos a los carreros y en aplicarles una multa cuando se encontraran en situación de arrojar desperdicios. Ese mes se realizaron operativos que generaron la protesta de los carreros, que cortaron algunos de los accesos a la ciudad. “Somos 3.000 familias que vivimos de esto y nos quieren sacar la única fuente que nos da de comer... Ya nos quisieron cambiar los carros en el gobierno anterior. Dieron solamente siete motos, pero muchos no sabían leer ni escribir y no pudieron sacar el carnet de manejo. ¡Nosotros queremos una solución, no más problemas!”, dijo en esa ocasión un carrero, padre de ocho hijos. La Municipalidad les secuestró el carro, le aplicó multas de $1.500 a cada propietario y les advirtió que no podían circular por dentro de las cuatro avenidas.

El 26 de abril pasado, en el marco de este plan, la Municipalidad capitalina anunció que hasta ese momento se había concretado la incautación de más de 124 carros y 60 vehículos entre ellos camiones, camionetas y autos que se utilizaban para arrojar la basura en la vía pública.

Hubo varios intentos de erradicar estos vehículos. En 1984, se promulgó la ordenanza 374 que prohibía la circulación de los carros de tracción a sangre en una buena parte del ejido municipal. En 2007, informamos que alrededor de 600 carros, de un total de 2.000 que circulaban en el Gran San Miguel de Tucumán, habían ingresado en la legalidad y que sus propietarios podían trabajar sin riesgo de que les secuestraran los vehículos. Estos llevaban la patente pintada en los costados del vehículo y se registraba al propietario del carro y el caballo. En diciembre de 2011, el Concejo aprobó una norma para que los cartoneros pudiesen tener acceso a créditos sociales para reemplazar sus carros tirados por caballos por motocarros. El proyecto se apoyaba la exitosa experiencia realizada en la ciudad colombiana de Medellín. En los fundamentos, se proponía que los cartoneros entregaran los animales enfermos al Estado, a ONGs o a particulares, para que estos se ocuparan de recuperarlos y cuidarlos en lugares aptos.

Cabría preguntarse acerca de los motivos que han conducido al fracaso de estos intentos. Es, por cierto, penoso que haya tucumanos que deban vivir de la basura porque carecen de la posibilidad de otro trabajo, y mucho más lo es que en 32 años, nuestros gobernantes no hayan logrado suprimir este medio de locomoción y dignificar la vida de estos comprovincianos con educación y con un empleo que les permita vivir decorosamente. Sería lamentable si dentro de tres décadas, este asunto siguiera igual. “Ni caballos esclavos, ni humanos excluidos”, rezaba una pancarta en una protesta salteña. Sería positivo que de una vez por todas, nuestros gobernantes actuaran en consecuencia.