BUENOS AIRES.- Sergio Schoklender, quien fue apoderado de la Fundación Sueños Compartidos, se despachó hoy contra el círculo íntimo del kirchnerismo y el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, a quien definió como el arquitecto del patrimonio de los Kirchner.
"A López lo conocí discutiendo, viendo como humillaba a intendentes y gobernadores. Vi como en época de elecciones había filas de 50 intendentes por día firmando convenios si apoyaban el proyecto", manifestó. Sin embargo, denunció que todos estos supuestos arreglos pasaban primero por las manos del actual diputado nacional y ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.
Schoklender es uno de los imputados por el juez Martínez de Giorgi, que instruye la causa que indaga una supuesto fraude al Estado a través de un programa con esa organización, dedicado a la construcción de viviendas sociales y administrado por la Fundación de las Madres de la Plaza de Mayo.
Por este trabajo, Schoklender tenía conocimiento de cómo se operaba desde el Estado durante el kirchnerismo. "El 50% del presupuesto le volvía a López. Él fue el arquitecto del patrimonio de los Kirchner. Además de todo esto, recaudaban dinero con las empresas como la de Lázaro Báez. Eso no pasó solo en Santa Cruz, sino en todo el país", sostuvo.
En diálogo con "TN", Schoklender desestimó que López, detenido en junio en un convento de General Rodríguez con 9 millones de dólares, vaya a quebrarse y a hablar ante la Justicia.
"Había dos provincias que yo tenía vedadas: Santa Cruz y Tucumán. Ahí era donde mandaba López, era territorio de él. No podía proponer ninguna obra ni ninguna actividad en esas provincias, las tenía prohibidas. Era un lugar donde ellos hacían caja", agregó el ex apoderado de la Fundación Sueños Compartidos.
Más temprano, el ex secretario de Obras Públicas kirchnerista negó las acusaciones en su contra en la causa por el programa "Sueños Compartidos" por supuestamente haber omitido controles que habrían derivado en el desvío de 206 millones de pesos de las arcas públicas y atribuyó las responsabilidades de fiscalización a las provincias, las comunas y su ex número dos, Abel Fatala.