El tanque de combustible está en amarillo; a una o dos líneas de que llegue a la zona roja del reloj. Y es que el freno económico le pasa factura a la recaudación de impuestos. La inflación también hace lo suyo. Las recaudaciones provinciales (y aún con más impacto en la nacional) ya no crecen tanto como en otras épocas, pese a que hay reajustes tributarios y moratorias en la mayoría de los distritos del país. La fórmula “inflación + crecimiento” es cosa del pasado. Son muy pocas las jurisdicciones que, en materia de cobro de impuestos, le ganan a la inflación. Tucumán no es la excepción, tal como lo revela un reciente informe elaborado por la consultora NOAnomics. Mientras sus ingresos impositivos crecieron, durante el primer semestre, a razón de un 32,7%, la inflación subió varios escalones y se ubicó por encima del 38% interanual.

En la gestión del gobernador Juan Manzur hay inquietud por esta tendencia. Y peor porque el Gobierno nacional coparticipa cada vez menos fondos federales. Seguramente ese será uno de los reclamos que los gobernadores le harán hoy al ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Los recursos discrecionales son tentadores. Impensadamente, tal vez, la Casa Rosada se encuentra frente a la posibilidad de seguir alineando gobernadores sobre la base de la distribución de dinero por fuera del régimen de coparticipación. También habrá mandatarios que pedirán el perdón federal por el endeudamiento de arrastre. En este aspecto, Tucumán está en la fila con el juicio perdido ante el Centro de Arreglos de Diferendos Relativos a Inversiones (Ciadi), iniciado por el grupo Vivendi, por la rescisión del contrato con Aguas del Aconquija, hace dos décadas. Si se toma en cuenta la ejecución presupuestaria de los primeros cinco meses, Tucumán muestra una fotografía financiera tranquila, con un excedente de unos $ 1.300 millones entre los ingresos obtenidos durante el período enero-mayo respecto de los gastos totales en ese lapso del año. El monto representa casi el 70% de una planilla salarial mensual. A esa cifra, además, habría que sumarle el excedente de otros ejercicios que, según algunas voces oficiales, están guardados en plazos fijos y que sirven como una suerte de fondo anticíclico para afrontar posibles tormentas fiscales futuras. Pero esa reserva se está achicando. De todas maneras, la tranquilidad financiera reinará este año. El Poder Ejecutivo estima que el ejercicio puede cerrar con un superávit financiero de entre $ 150 millones y $ 200 millones. Para un presupuesto estimado en $ 45.000 millones, aquella cifra es asimilable a un empate técnico.

La administración de Manzur tiene aún oxígeno financiero. Las cuestión pasa por cuidar el tubo porque el año que viene será electoral.

¿Cuáles pueden ser los probables escenarios en el esquema financiero que se viene?

• La inyección neta de unos $ 2.200 millones, que provendría de la devolución del 3% de la coparticipación y del préstamo por otro 6% de los recursos retenidos en los últimos años implicarán la recuperación de la vitamina fiscal para la gestión de Manzur.

• En tratativas sigue la posibilidad de patear en el tiempo el pago del juicio de Aguas del Aconquija. Eso dependerá de una decisión de la Rosada para que Tucumán no pierda unos $ 700 millones que corresponden a los vencimientos acumulados desde 2015.

• Más allá de los resultados de esas tratativas, los salarios del sector público están asegurados. Manzur busca captar la mayor cantidad de obras para cambiarle la cara a la provincia que le dejó su antecesor José Alperovich, a quien se lo vio incómodo el sábado en su aparición pública durante la cena con los empresarios nacionales. Los comentarios de los hombres de negocios apuntaron hacia la pérdida de tiempo que hubo durante la gestión anterior para convocar al sector privado, con el fin de trabajar en conjunto en políticas que alentaran la inversión. “Se desaprovechó el tiempo de las vacas gordas”, reflexionó uno en una mesa cercana a la del ex mandatario. El resto de los comensales asintió. Aunque no lo diga, Manzur aprovecha sus contactos, públicos y privados, para marcar diferencias con su antecesor. Sin embargo, mantiene la misma política fiscal heredada: sentarse en la caja.