Van a cobrar sin haber trabajado o perciben un sueldo por no hacer nada, son definiciones de los famosos “ñoquis” del Estado. Empleomanía, nepotismo, son términos que se complementan. Forman parte de una vieja práctica política que no es, por cierto, motivo de orgullo.Lo curioso es que estas designaciones poco o nada tienen que ver con la capacidad o eficiencia que un individuo debe tener para desempeñar el cargo en el que ha sido nombrado.

En estas últimas semanas, episodios de esta naturaleza han convulsionado a la opinión pública. El intendente de Bella Vista, Sebastián Salazar, denunció que la esposa del anterior jefe municipal y su hija, ambas agentes estatales y que integran la planta permanente de esa Municipalidad, dejaron de concurrir a sus puestos de trabajo desde marzo pasado.

El informe administrativo señala que estas dos personas tienen más de 100 inasistencias injustificadas en lo que va del año. La primera fue nombrada en la categoría 24 -la más alta del escalafón-, y era directora del área de Cultura, mientras que la joven estaba designada en la categoría 18. El ex intendente Luis Espeche dijo que su esposa integra hace 15 años la planta municipal y su hija hace ocho. “Si ellas no han concurrido (a sus puestos) fue para evitar roces con la gente de Salazar. Ellos siempre han sido agresivos con nosotros... para tratar de solucionar esto habíamos solicitado la adscripción de ellas en el Ministerio del Interior, pero todavía no se concretó”, dijo.

En el municipio de Yerba Buena, el secretario de Comunicación y Gobierno Abierto denunció que un edil tenía designada a su esposa en el Concejo, y que luego intercambió nombramientos con otro concejal. El acusado acusó al funcionario de ser un “usurero” y de defender los intereses de un empresario, pero no contestó la imputación. “Sería coherente que el concejal les cuente a los vecinos que su planta de personal creció un 250%, ya que pasó de contar con dos asesores a tener siete”, afirmó el secretario.

En noviembre pasado, a poco del cambio de gobierno, el actual intendente de Concepción denunció que en los últimos días de su administración, el jefe municipal saliente había designado en la planta permanente a alrededor de 470 personas, colocando al municipio en una difícil situación económica. Ante el peligro de quedar desempleados, se produjo una escaramuza social, en la que tuvo que intervenir la Provincia, para hacerse cargo de ellos. Algo similar le había sucedido al jefe municipal de Yerba Buena electo. Antes de concluir su mandato, su antecesor nombró en la planta permanente a 492 personas. Ambos casos violaban la ley 5.473.

Estos episodios están reñidos con la ética. Por otro lado, para evitar la designación personas en cargos para los que no están preparadas, se debería jerarquizar la administración pública, convirtiéndola en carrera terciaria o universitaria. Para ingresar a ella, se debería tener el título y rendir un examen. Por otro lado, no hay razón para que la ciudadanía, que sustenta con el pago de los tributos los salarios de los empleados estatales, incluyendo los de los funcionarios, deba hacerse cargo económicamente de estos nombramientos, que generalmente nada aportan al mejor funcionamiento del Estado. “Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”, afirmaba el escritor Georg Christoph Lichtenberg.