Funcionarios universitarios, un camarista federal, un sindicalista, un consejero superior egresado suplente, empleados no docentes y varias dependencias de la UNT figuran en el listado de julio de 2016 como ocupantes de las viviendas de Horco Molle. Según ese documento son más de una decena los que no pagan el mantenimiento (o alquiler) correspondiente.
Sergio Aragón, actual secretario de Asuntos Estudiantiles, figura como ocupante de la casa N°1 y en los registros se consignó que “no paga”. Aragón explicó que esa casa fue otorgada a la secretaría y que allí funciona la colonia de vacaciones de verano, pero que durante el año está desocupada.
La casa N°3 tiene como ocupante a Luis Antolini, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles y actual consejero superior egresado (suplente). Reconoció que posee la vivienda desde hace tres años, pero dijo que siempre pagó el alquiler. Sin embargo, en los registros de la Dirección General de Residencias Universitarias (DGRU) figura una carta documento fechada el 19 de diciembre de 2014 en la que se intima a Antolini para que en un plazo de 10 días devuelva las llaves y desaloje la vivienda. También hay un descargo de febrero de 2015 en el que el ingeniero solicita ocho meses de plazo para desalojar y se compromete a pagar los alquileres correspondientes.
La casa N°4 en la planilla figura como “desocupada”, sin embargo allí vive la docente Adriana Marín. Su situación fue calificada como “delicada” por fuentes universitarias debido a que mantiene un pleito judicial por la vivienda. En 2014 presentó un recurso de amparo y dijo que no estaba en condiciones de dejar la casa que habita con sus hijos menores de edad. Marín se mostró muy afectada por la situación cuando LA GACETA se comunicó con ella, incluso reconoció que está dispuesta a dejar la casa en cuanto consiga algo que pueda afrontar.
El secretario general del gremio de los no docentes (Apunt), Hugo Ángel Morales, aparece como “inquilino” de la casa N°7 y también se consigna que “no paga”. El sindicalista aseguró que entregó la llave “hace años” y que sólo iba ocasionalmente al lugar para llevar a su madre, quien “disfrutaba del verde de ese sitio”.
La casa N°16 figura a nombre de Alfredo Grau, ex director del Instituto de Ecología Regional (IER). Pero aclaró que esa vivienda es de uso institucional y que actualmente está ocupada por tres investigadores de afuera: Iann Lepolain de Waroux, Tobías Rojas y Laura Jossens. Aclaró que esa casa ya estaba adjudicada al instituto antes de que él fuera director (2009-2013) y que su nombre debe haber quedado consignado por error.
En los últimos días algunos se acercaron a firmar el acta acuerdo con ánimo de pagar el alquiler, según confirmaron fuentes universitarias. Tal es el caso de Mauricio Argiró, ex secretario de Bienestar Universitario, quien en 2014 fue intimado varias veces para desalojar la vivienda N°28, incluso con carta documento. Los otros casos son los de Sergio Rojas (no docente), Germán Díaz (no docente) y Antolini. En mayo, en la planilla todos ellos figuraban como deudores.
La casa N°26 está a nombre de Ernesto Wayar, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones y docente de en dos cátedras en la UNT, una de ellas Contratos. También aparece como deudor de la mensualidad por la vivienda que ocupa desde hace varios años. Wayar reconoció que no estaba al tanto de la situación de la casa y que cuando salió la primera nota en LA GACETA en junio se preocupó y les solicitó a sus hijas que se ocuparan de la situación. “La casa se devolvió y se ofreció cancelar cualquier deuda que hubiese (...) era un desorden eso y jamás se me dijo a mí (lo que debía), pero asumo mi responsabilidad”, reiteró.
En el listado también figuran como impagas viviendas que por resolución (N°176) de marzo de este año el rectorado se las adjudicó oficialmente a algunas dependencias que en los hechos ya las tenían. Se trata de las casas para la escuela de Agricultura (casa 12), la secretaría de Extensión Universitaria (casa 10), la secretaría Académica (casa 27), oficinas del Parque Sierra de San Javier (casas 11 y 13) y la Dirección General de Administración (casa 31). La más grande, la casa 35, se asignó tradicionalmente a los rectores.
Más informes internos.- La situación de las viviendas que la UNT tiene en Horco Molle ha generado un revuelo interno, aún en épocas de receso invernal. Fuentes de esa institución no descartaron que la semana próxima se presenten nuevos informes que ampliarán la auditoría que se inició en 2014 y hasta hablan de algunos desplazamientos de funcionarios.
era vox populi.- A nadie le sorprende lo que pasa en las viviendas de Horco Molle y muchos de los universitarios consultados reconocieron que era “vox populi” que durante años los rectores cedieron las viviendas por compromisos políticos. Las intimaciones a los inquilinos, las cartas documento y las notas remitidas al rectorado -según algunos funcionarios- llegaban a las autoridades, pero en contadas ocasiones se concretaron desalojos.
Cómo se accedía a una casa
El instrumento era un acta acuerdo, pero en la práctica muchos no firmaban
La resolución 176 (marzo de 2016) renovó los términos del “Convenio de préstamo de uso con obligación de restitución” para acceder a una vivienda en el predio de Horco Molle. Un instrumento que tradicionalmente se llamó acta acuerdo y que existía desde hace años. El trámite era así: el pedido ingresaba a la Dirección General de Residencias Universitarias (DGRU), desde allí se giraba a la Secretaría de Bienestar Universitario que luego se la remitía al rector, quien firmaba la aprobación. Pero en la práctica, funcionarios universitarios reconocieron que el préstamo, a veces, se hacía de palabra por pedido de los rectores y sin que mediara obligación alguna de parte del ocupante.
Los precios del Paraíso
Vivir en una casa en el pedemonte pasó a costar, en marzo, $2.750 por mes
A 15 kilómetros de la ciudad se encuentra el predio de Horco Molle, emplazado en medio de la vegetación selvática de las Yungas. Hasta marzo, el alquiler por mes costaba $1.750 mensuales. Esa cifra fue actualizada en 2012, antes se podía vivir allí por menos de $700. La resolución firmada por la rectora en marzo elevó el monto a $2.750 y también actualizó los precios del alquiler de las viviendas que la UNT posee en San Javier. Para garantizar el pago, se incluyó una cláusula (artículo 5) en la que el firmante autoriza a que se realice el descuento por planilla en caso de que esté en relación de dependencia con la UNT. Una vez vencido el contrato se da un plazo de siete días para devolver la casa.
Nunca hubo un reglamento
Durante más de 60 años el uso de las viviendas se consolidó por la costumbre
El complejo fue concebido en la década de 1950 como una ciudad hospital. Se iba a construir un Hospital de Clínicas y alrededor la infraestructura necesaria para que médicos y enfermeras vivieran. El derrocamiento de Juan Domingo Perón en el 55 significó el cese del proyecto. Con el tiempo, las casas comenzaron a usarse para alojar a docentes extranjeros, que se alojaban allí largas temporadas. También como viviendas para personal de la UNT, que por alguna razón no tenía casa propia. Desde los 90 se extendió la práctica de otorgar el uso de las casas como favor político, situación reconocida por varios funcionarios universitarios. Recién en marzo se aprobó un reglamento oficial.