Está superada la disputa entre integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción y el ministro público Edmundo Jiménez por el control de documentos relativos a la causa “Lebbos”. El camarista Enrique Pedicone comunicó esta situación el miércoles a Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. “Le informo que Jiménez cumplió con el pedido de remisión de las actuaciones iniciadas por Alberto Lebbos. Contar con ellas me permitirá abocarme al análisis de la decisión de elevar a juicio el caso principal”, dijo el juez.
Pedicone afirmó que no quedaban diferencias tras la entrega de los papeles que objetaban en términos severos el trámite de reemplazo de Alejandro Noguera, fiscal ante la Cámara de Apelaciones (se excusa porque fue primer fiscal del caso “Lebbos”). “No escapa a mi consideración que en el propósito de cumplir con nuestro deber como tribunal de alzada -descuento que tenemos tanto interés como el Ministerio Público- se pudieron haber deslizado algunos vocablos inoportunos que no se compadecen, con seguridad, con el dictado de nuestra conciencia”, explicó. Y dijo que su honor le imponía “restañar” las incomodidades generadas a las investiduras de Jiménez; de Mario Visuara, secretario de la Cámara, y de su par Liliana Vitar.
Al menos cuatro notas -con copia a la Corte- había enviado Pedicone a Jiménez para solicitarle la entrega de un escrito de Lebbos. Esa presentación responsabiliza a Jiménez por las anomalías detectadas en la designación del fiscal de Cámara subrogante. En virtud de ella, el jefe de los fiscales dio marcha atrás con la asignación del caso a Ernesto Salas López y repuso a Carlos Sale, quien ha de dictaminar si corresponde o no elevar a juicio la causa iniciada en 2006. Las tensiones entre Pedicone y Jiménez fueron tratadas en una reunión de Corte, donde el ministro público pidió sanciones para el juez. Minutos después de ese encuentro, Jiménez envió los documentos solicitados con insistencia.