BUENOS AIRES.- El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, aseguró que “si por ‘accidente’ se descubrió esta cantidad, podemos preguntar ¿cuánto más habrá y dónde?”, al referirse al ex funcionario K José López, quien intentó ocultar casi U$S 9 millones en un monasterio. El prelado reconoció que “salpica” a la Iglesia este escándalo de corrupción, pero tomó distancia de la comunidad religiosa de la localidad bonaerense de General Rodríguez, sospechada de complicidad, al considerarla “sui generis”.

Es que las denominadas monjas Misioneras, Orantes y penitentes de Nuestra Señora del Rosario pertenecen a una asociación privada de fieles, cuyo gobierno es autónomo y que había permanecido bajo la autoridad de su fundador, el arzobispo emérito Rubén Di Monte, fallecido el pasado 18 de abril. Esta asociación se encontraba en proceso de convertirse en un instituto religioso, pero todavía no contaba con esa aprobación.

Así lo precisó en diálogo con Télam el presbítero Mauricio Landra, decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica Argentina (UCA), quien aclaró que “los posibles delitos cometidos por algunos de sus integrantes tienen consecuencias legales y deben resolverse en la Justicia como cualquier ciudadano”.

Consultado sobre si es correcto denominar monjas a las mujeres que viven allí, Landra explicó que esa expresión “se utiliza para las integrantes de institutos religiosos que usan hábito y tienen la característica de la vida de clausura”, pero indicó que en este caso sería más preciso llamarlas “consagradas”.

Ancla pesada

Por su lado monseñor Lozano indicó que “lejos estamos de la transparencia y la verdad”, al referirse al acaso López. “La impunidad, de la mano de los sobornos, constituyen un ancla pesada que no permite avanzar adecuadamente”, sostuvo. Respecto del intento de López de esconder dineros en una casa religiosa, monseñor Lozano consideró “sui generis” al grupo de consagradas que recibieron a López la madrugada en la que fue detenido con los bolsos de dinero y un fusil.

“Lamentablemente no es una comunidad de la cual se sepa mucho. Es importante que la Justicia avance en la investigación de todos los vínculos posibles de corrupción”, reclamó.

Citación

Mientras tanto, el juez federal Daniel Rafecas confirmó anoche lo que se había adelantado como noticia, al llamar a indagatoria a una monja, a dos empresarios y a la ex mujer de López, en el marco de la causa en la que el ex funcionario es investigado por presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por la función pública.

El magistrado dispuso que sean indagados la monja Celia Inés Aparicio, quien ayudó a López a entrar los bolsos al convento; y a los empresarios Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, presuntos testaferros del ex funcionario. También deberán presentarse en el juzgado la esposa del ex secretario de Obras Públicas, María Amalia Díaz, y el propio López, quien se encuentra detenido en el penal de Ezeiza y tendrá la oportunidad de ampliar su indagatoria.

Por su lado, el fiscal Federico Delgado advirtió ayer que las monjas pudieron haber encubierto a López y adelantó que de acuerdo con los plazos procesales, el juicio oral por enriquecimiento ilícito podría iniciarse “en un par de meses”, aunque aclaró que eso dependerá del trabajo del juez Rafecas. (DyN-Télam)

"La mdre Inés dijo que no conocía a Báez"

BUENOS AIRES.- Tres de los seis policías que arrestaron al ex secretario de Obras Públicas, José López, declararon ayer ante la Justicia que las monjas del convento de General Rodríguez tardaron más de media hora en dejarlos entrar y que desde el interior del edificio clerical les decían que no había entrado nadie.

Ante el juez Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado, los agentes relataron que las monjas tardaron entre “40 minutos y una hora” en dejarlos entrar. Uno contó que tras llegar al convento conversaron a través del portero eléctrico con alguien que estaba en el interior y dijo que allí no había entrado nadie. También relataron que la madre Inés respondió que no conocía a López y la madre Alba -de 94 años- que no se acordaba el nombre cuando, les preguntaron si conocían al ex funcionario que había llegado allí. (Télam)

BUENOS AIRES.- La Policía Federal informó que no encontró pruebas de la presencia del juez Sebastián Casanello en la quinta de Olivos durante la segunda quincena de septiembre de 2015, como acusó el detenido Lázaro Báez al recusarlo y pedir que se aparte de la causa en su contra.

El informe definitivo entregado ayer a la sala II de la Cámara Federal, que debe resolver si confirma al juez en el caso, la Policía agotó las tareas investigativas ordenadas y no encontró evidencias de la presencia de Casanello.

El informe da cuenta de los testimonios de siete mozos de la residencia que podían haber estado en los días aludidos y todos coincidieron en “no recordar” la presencia del juez. Tampoco figura su ingreso en el libro de registro. La recusación de Casanello fue planteada por uno de los hijos de Báez, Leandro. (Télam)

Otro proceso por lavado de dinero contra Lázaro Báez

BUENOS AIRES.- La Cámara Federal confirmó el procesamiento por lavado de dinero del empresario Lázaro Báez, su hijo Martín y el abogado Jorge Chueco, por la operatoria en la que se vio involucrada Helvetic Service Group, en el reingreso al país de más de U$S 32 millones a través de venta de bonos de deuda pública. Pero los camaristas volvieron a reclamar que se avance sobre el presunto “acuerdo de voluntades” entre Báez y su grupo económico y los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que se inició a partir de las relaciones personales (y/o comerciales privadas) pero que habría derivado en la asignación y realización de negocios con el dinero estatal. “Esto es central, porque ese presunto desvío de interés de los funcionarios en el manejo de los fondos resulta independiente de otras causas que los restantes jueces del fuero investigan sobre las irregularidades acaecidas en cada contrato de obra pública”, resaltaron los camaristas. (DyN)

Sobreseen a Boudou en la causa por el DNI con datos falsos

BUENOS AIRES.- La Cámara Federal porteña sobreseyó al ex vicepresidente Amado Boudou en la causa en la que se lo investigaba por usar un DNI presuntamente falso. Se trata de un fallo dictado por la Sala I de la Cámara, que hizo lugar a un planteo de falta de acción promovido por Boudou, y dispuso su sobreseimiento. En esa causa el juez Ariel Lijo lo había llamado a indagatoria para saber si Boudou insertó datos falsos en su DNI y lo acusaba del delito de “falsedad ideológica de documento público”. Usando ese DNI, Boudou compró una moto Harley Davidson, otra BMW y un auto Audi A4. Frente a eso Lijo lo imputó y lo llamó a indagatoria, pero Boudou presentó un escrito diciendo que el delito no existía. El fallo de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, destaca que al momento de la inscripción del vehículo, Boudou tenía un “domicilio legal” correspondiente al lugar donde ejercía su cargo, por lo que no podía ocasionar ningún perjuicio el domicilio erróneo del DNI. (DyN)

Noro, esposo de Milagro Sala, fue detenido por fraude

SAN SALVADOR DE JUJUY.- El dirigente Raúl Noro, esposo de Milagro Sala, fue detenido e imputado por “fraude” y “asociación ilícita” tras presentarse ayer ante el juez que investiga el uso de fondos públicos en cooperativas que debían construir viviendas. Noro, ex periodista, considerado el mentor intelectual de la organización Tupac Amaru que dirige Sala, se encontraba ayer internado -con custodia- en el hospital Pablo Soria para unos estudios médicos por sus antecedentes cardíacos y de hipertensión. El juez de control Isidoro Cruz dispuso además de la prisión preventiva de Noro -por delitos similares a los que se encuentra detenida su esposa hace casi seis meses- el arresto de las tupaqueras vinculadas a la cooperativa Pibes Villeros, Mirta Aizama, Gladys Díaz y Mirtha “Shakira” Guerrero. Estas fueron filmadas por cámaras del Banco Nación local cuando retiraban con permisos oficiales $ 29 millones que debían destinar a las obras y cuyo destino es incierto. (DyN)