El debate por el cobro de aranceles o bonos contribución es un tema que no se ha cerrado en algunas unidades académicas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Un grupo de estudiantes de Arquitectura denunció que esa facultad no habilita la inscripción a las mesas de exámenes si no pagan -en el caso de los que estudiantes de segundo año en adelante- la reinscripción de $100. Mientras tanto, desde la facultad, las autoridades explicaron que el pago es voluntario y solidario, y que no se trata de ninguna imposición.

Fátima López, presidenta del centro de Estudiantes y militante del MEU (partido opositor al decanato) contó que cuando entró a inscribirse a través de la web no encontró su situación académica ni las mesas disponibles. “La página estaba en blanco y en el Registro de Pagos figuraba el saldo vencido de $100”.

Esto que le pasó a ella, según explicó, le sucedió a gran parte de los alumnos que a principio de año decidieron no pagar el arancel (o bono), amparándose en la modificación de la Ley de Educación Superior (24.521) que consagró la gratuidad de las universidades públicas. En el caso de los ingresantes el bono era de $300 (más $200 de cuadernillo) y para el resto, $100. “Muchos se preocuparon, así que la semana pasada había largas filas de chicos que decidieron ir a pagar por temor”, explicaron López y la consejeras superiores, Carla Toledo y Florencia Larrea, que acompañaron el reclamo.

Esto suscitó que se presentara una nota ante del Consejo Directivo de esa unidad para que se trate el tema. En el texto expusieron la situación y señalaron que el reclamo se hizo en varias oportunidades. “Existe un sistema de cobro indebido hacia los estudiantes sin opción de excepción, revistiendo carácter obligatorio, dentro de ello podemos mencionar cobro de inscripción, reinscripción y trámites administrativos”, decía parte de la nota presentada por los consejeros estudiantiles, Pedro Lamas y Cristian Valdiviezo.

La respuesta

La decana, Olga Paterlini, desmintió que el cobro fuera obligatorio y lo calificó como solidario porque apela a que los estudiantes colaboren con la facultad debido a que los fondos que recibe desde el rectorado son insuficientes. Por mes, durante 10 meses, las unidades académicas reciben $70.000, pero ya son varias las que manifestaron que en lo que va de 2016 no se ha cumplido con el pago mensual.

En la nota, los estudiantes subrayaron que la “percepción de dinero podría constituir un ilícito penal: abuso de autoridad” debido a que la situación es contraria a la ley. Además, explicaron que la facultad exige al que no quiere pagar que presente una nota para que lo eximan. “Si quieren que sea solidario, entonces, que hagan una colecta o pongan una caja en la facultad para que colabore el que quiera”, sostuvieron Toledo y López.

La advertencia sobre la posible comisión de un delito fue considerado por los miembros del consejo como una amenaza. De hecho, durante la sesión resolvieron rechazar el pedido expuesto (ocho votos contra dos). Entre los argumentos esgrimidos, reiteraron el carácter voluntario y señalaron que en esa facultad no hay impedimentos para “gestionar trámites”.

La implementación de otro sistema de gestión académica (siu guaraní) que es el que funciona en gran parte de las universidades públicas, promete cerrar este capítulo. Así lo confirmó Diego Assaf, secretario de Asuntos Administrativos de la facultad.

Este sistema -explicó el funcionario- se pondrá en funcionamiento en agosto. De esta manera el pago ya no será una condición para acceder a la inscripción en una mesa ni para conocer la situación académica, pero seguirá existiendo el pedido de un abono anual voluntario.