La última vez que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, integrado por el ministro de Economía de la Nación y sus pares de las provincias, emitió un documento público fue durante el segundo trimestre del año pasado. Desde ese momento, en adelante, no hubo más seguimiento. En realidad, ese proceso se había iniciado desde el mismo momento en que la espiral inflacionaria obligara a los gobernadores a gastar más de la cuenta y a silenciarse para no revelar cómo evolucionaba el indicador en cada una de las provincias. Las consecuencias saltaron casi inmediatamente a la vista. Una decena de provincias tuvo que recurrir este año a la asistencia financiera nacional para poder saldar sus compromisos financieros. En varios distritos, a su vez, la situación es tan agobiante, que no tenían siquiera dinero para poder cumplir con sus obligaciones salariales. Un verdadero retorno al pasado deficitario. En otras jurisdicciones, en cambio, los anticipos financieros fueron para saldar deudas que había dejado la gestión anterior por certificados de obras públicas impagos. En ese esquema ingresó Tucumán.
Con el compromiso que se firmaría en Chubut, el ministro del Interior Rogelio Frigerio intentará que los gobernadores le pongan límites al endeudamiento y al gasto público. Es una clara señal hacia la sociedad y también hacia la clase política. En la primera concepción, porque el contribuyente sigue teniendo la sensación de que sus impuestos van hacia un barril sin fondo y no se ve en obras. En la segunda mirada, hay un deseo de pedir conductas de austeridad a la clase dirigente como una señal de que “algo está cambiando” en el país.
La creación del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal constituye un marco institucional adecuado para el ejercicio del federalismo, basado en la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la necesidad de alcanzar consensos que permitan lograr un salto cualitativo en la calidad de la gestión pública, dice el sitio web que depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas que no conduce Frigerio, sino Alfonso Prat-Gay. Pero el marco del diálogo político e institucional en estos siete meses de gestión del presidente Mauricio Macri, viene dándose en la cartera del Interior. Hacia allí acuden los gobernadores y los ministros de Economía provinciales a la hora de debatir la coparticipación o cualquier tema de interés para las jurisdicciones subnacionales. Y ese es un verdadero dilema interno en el gabinete macrista: si Prat-Gay cederá terreno a Frigerio para que consolide la relación fiscal Nación-Provincias desde otra dependencia que no sea el Palacio de Hacienda. Hasta ahora, el diálogo ha sido canalizado de esa manera y con ciertos resultados: Macri goza del apoyo de algunos socios gobernadores que no son de su mismo signo político, como el caso del tucumano Juan Manzur. Hoy el Presidente necesita más de la política que de la economía en la relación fiscal con las provincias.