Sacar al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del lunch fue casi una odisea. Pero Ricardo Lorenzetti honró la palabra que había empeñado el jueves, cuando se comprometió a dar una entrevista a posteriori del acto en la Casa Histórica, y accedió a salir de la carpa donde los presentes se disputaban su atención. Con el bajorrelieve alusivo a la Revolución de Mayo de Lola Mora como telón de fondo, la máxima autoridad judicial del país abordó -sin entrar en detalles- la inquietud del momento en lo que a la Justicia se refiere: la activación de las investigaciones de corrupción a partir del cambio de Gobierno nacional. Se trata de casos que implican a funcionarios públicos de la administración anterior, desde la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para abajo. De hecho, el inicio de la cumbre de los jueces con motivo del Bicentenario de la Independencia coincidió con el allanamiento de propiedades de la ex mandataria.

Frente a la consulta sobre por qué la Justicia no avanzó sino hasta que el oficialismo perdió las elecciones, Lorenzetti dijo que su tribunal enfrentó la corrupción y sufrió por ello. “Nosotros estamos totalmente de acuerdo con que debemos investigar los casos de corrupción en tiempo real. Es decir, mientras los funcionarios ejercen el poder. Hay que tener memoria: la Corte siempre ha sido firme respecto de esto, aún durante el Gobierno anterior hemos emitido muchísimos fallos que pusieron límite”, manifestó.

El jefe de la Justicia afirmó que había habido conflictos muy intensos en materia de independencia judicial: “nosotros hemos dictado sentencias y acordadas sobre corrupción. Siempre hemos dicho que un juez no puede cambiar sus opiniones en función de quien gobierne, sino que debe sujetarse a la ley y a la Constitución”.

El ejemplo brasileño

Iba a ser una charla a solas de cinco minutos, pero al final se hicieron 10. Lorenzetti, quien ingresó a la Corte en 2004 a partir de la designación de Néstor Kirchner, recordó que el Poder Judicial tiene una organización compleja: hay una Justicia nacional y una federal, y justicias provinciales. “Justamente en Tucumán debemos recordar que en los Tribunales de todas las jurisdicciones exhiben problemas de funcionamiento. Esto requiere cambios legislativos muy fuertes”, precisó.

A continuación, apeló al caso de Brasil, cuyos jueces sorprenden por su efectividad y rapidez para juzgar a funcionarios públicos y empresarios. “Hoy vemos que en la Justicia brasileña hay muchos casos con decisiones razonablemente rápidas. Esto sucede porque ha habido un cambio de legislación”, explicó. Lorenzetti manifestó que durante mucho tiempo las normas penales procuraron fortalecer el derecho de defensa frente a los abusos cometidos por el Estado, sobre todo en las dictaduras. Luego de esa etapa, Brasil reformó sus leyes para fortalecer la acusación y permitir que esta progrese con mayor rapidez. “Los procesos se aceleran en la medida en que es posible concentrar las defensas. Esto no sucedió en Argentina: hoy cada uno de los actos jurisdiccionales puede ser apelado. O sea que una decisión del juez de primera instancia después es revisada por la cámara correspondiente y por la Cámara de Casación y, luego, puede llegar a la Corte. A continuación, el expediente regresa al juez de primera instancia y todo ese camino está en condiciones de volver a empezar”, informó.

El presidente del máximo tribunal desde 2007 dijo que había que pasar a un sistema que proteja el derecho de defensa, pero que atienda la necesidad de ir más rápido. “Esa modificación que se hizo en Brasil dio buenos resultados. Allí también se dispuso que los grandes casos de corrupción sean juzgados por la Corte. Y esto obedece a que hay jueces que quedan aislados o que no tienen mucha fuerza. Pero, entonces, la Corte asume el juzgamiento de los funcionarios de alto rango y eso confiere una fortaleza importante a los procesos”, matizó. Lorenzetti añadió que en el país vecino funciona desde hace tiempo el instituto del arrepentido, figura cuya incorporación es actualmente debatida en el Congreso de la Nación.

La década del 30% menos

Las numerosas vacantes judiciales también conspiran contra la investigación veloz de los casos que involucran al poder, según Lorenzetti. “No hay que olvidar que desde hace diez años venimos diciendo lo mismo que está acéfalo el 30% de los cargos en la Justicia nacional y federal”, especificó. Esta situación obliga a los jueces a actuar como subrogantes en otras jurisdicciones. “La celeridad depende de que haya magistrados, pero la designación insume entre cinco y seis años. Más allá de que hay que trabajar a conciencia y más, y con imparcialidad, es todo un sistema el que debe cambiar profundamente para alcanzar la rapidez deseada”, concluyó.

Hacia el final, Lorenzetti volvió a la cuestión de la “voluntad política e institucional”. “Nosotros siempre la hemos tenido: no nos interesa qué Gobierno hay detrás de un caso de corrupción, sino la investigación. Como muchos otros (en esa tesitura), hemos sufrido bastante por ello: nos han hecho de todo”, confesó. A modo de ejemplo, dijo que él estaba en las listas de sujetos investigados ilegalmente por la Administración Federal de Ingresos Públicos o por los servicios de inteligencia. “Me da risa: nunca falto en ninguna”, acotó. Y dijo que, aún en los momentos duros, la Corte había seguido adelante con sus convicciones. “Nunca hemos cambiado. Tampoco lo haremos ahora”, notificó.

"Hace rato que queremos cambiar lo de Ganancias"

Ricardo Lorenzetti manifestó ayer, en la Casa Histórica, que todos los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación están de acuerdo en que hay que modificar la exención del impuesto a las Ganancias que beneficia a la judicatura. “Hace rato que queremos cambiar este régimen. Hemos hecho varios intentos. Lo que pasa es que esa decisión (de excluir a los jueces) que se tomó hace varios años fue expandiéndose hacia los funcionarios, los fiscales, los defensores, los empleados... En el presente este sistema abarca a un universo grande”, dijo el presidente de la Corte de la Nación. Y añadió que la solución rápida y simple de empezar a tributar podía implicar huelgas y conflictos capaces de paralizar el Poder Judicial. “Se ha planteado hacer un trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo para encontrar una solución, que es lo que sucedió en otros países. Hasta ahora no habíamos tenido realmente esa posibilidad”, comentó. Y agregó: “hace unos días convoqué a una reunión con jueces, fiscales, defensores y sindicatos. La idea es formar un grupo técnico con los departamentos especializados del Poder Ejecutivo. Hoy este es un problema que tiene más repercusión sobre los haberes de los empleados que significación institucional”.