Ya en 2013 la Oficina Anticorrupción de la Nación había analizado la situación de La Araceliti SA, la empresa que el detenido ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José Francisco López, posee en el poblado Los Guchea, a pocos kilómetros de Concepción. En aquella ocasión, el órgano había advertido al Poder Ejecutivo Nacional que debía abstenerse de contratar los servicios de la firma para evitar un posible conflicto de intereses, teniendo en cuenta el cargo público de López.
La OA tomó intervención en 2011, a partir de un planteo formulado por el diputado opositor Manuel Garrido. El ex referente del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) accionó contra el concepcionense luego de una denuncia pública del apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender. Este sugirió que La Araceliti SA habría sido contratada por el Estado, lo cual suponía una violación a la Ley de Ética Pública. Semanas después, Patricia Bullrich amplió la denuncia ante la OA. La actual ministra de Seguridad de la Nación consideró que era incompatible que un funcionario fuera dueño de una empresa habilitada “para obras viales, obras de arquitectura, obras mecánica y eléctricas, así como también servicios de inspección, auditoría y supervisión de obras públicas, y a su vez sea el responsable de la planificación, ejecución y supervisión de obras con fondos públicos”. Ocurre que, con el correr de los años, la empresa de López amplió su campo de acción y de actividades.
La Aracelitti SA se constituyó en 2006 para producir caña de azúcar y tabaco, y sus clientes principales eran los ingenios Trinidad y Corona. En aquella conformación, el paquete accionario de $ 12.000 se dividía en cuatro: los titulares eran López (40%), su mujer María Amalia Díaz (40%), Héctor Antonio López (10%) y Gustavo Enrique Menocal (10%), un compañero de escuela secundaria del ex funcionario. En 2008, la empresa fue habilitada para realizar construcciones viales y de arquitectura, obras mecánicas y eléctricas, y servicios de inspección, auditoría y supervisión de obras públicas. Curiosamente Menocal, “la pata tucumana” del emprendimiento de López, había sido designado en el Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) el 15 de julio de 2009, lo que también fue denunciado por Bullrich. Llamativamente, dos días antes de esa designación, el 13 de julio, Menocal ya no aparecía como socio de La Araceliti SA.
Según las actuaciones que constan en los considerandos de la resolución Nº 364/13 de la Oficina Anticorrupción, ni López ni su esposa figuraban inscriptos como proveedores del Estado Nacional. La Araceliti SA, en tanto, no aparecía registrada ante la Inspección General de Justicia ni ante la Oficina Nacional de Contrataciones, pero sí en la Dirección de Personas Jurídicas de Tucumán. En su descargo, en 2012, el hoy detenido López negó haber sido proveedor “del Estado en jurisdicción provincial y municipal alguna ni haber celebrado contrato con ninguna de ellas”. En cambio, la OA sí concluyó que el objeto social de la Empresa, “por su amplitud incluye una serie de actividades que eventualmente podrían relacionarse con la actividad que desarrolla la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y, por ende, quedar bajo la competencia funcional directa del señor López”. No obstante, al no tener registros de que haya sido contratada por el Estado, la OA concluyó que el “conflicto de intereses” denunciado por Garrido y por Bullrich era “hipotético”, por lo que sólo acabó por formular recomendaciones para que las autoridades eviten contratar a La Araceliti SA y a López, para que se abstenga de intervenir en cualquier asunto que ligue a su empresa, de la que es director suplente, con alguna repartición estatal.
La semana pasada, tras la detención de López, el juez federal Daniel Rafecas dispuso un allanamiento en la sede de la empresa, ubicada en Los Guchea, en lo que fue la casa materna del ex funcionario nacional.
Un legislador radical salió al cruce de Alperovich.- “Alperovich pasó de ser radical a defender el peronismo de Miranda sin ponerse colorado. Luego negó haber sido el ministro de Economía de la desnutrición y el candidato de Duhalde para abrazar al kirchnerismo. Ahora niega ese pasado. Niega a Cristina, a Néstor y a José López de la misma manera que negó la pobreza, la inseguridad, el narcotráfico y la corrupción en su gestión”. El legislador radical José Canealda salió al cruce de las declaraciones el senador y ex gobernador José Alperovich, que había admitido que no era ni había sido kirchnerista. El radical, del riñón de la senadora Silvia Elías de Pérez, cuestionó con dureza las afirmaciones del ex mandatario provincial. “Uno siente que se ríen de los tucumanos. Es hora de que Alperovich se haga cargo de lo que hizo. De los puentes caídos, de las obras pagadas pero que no se hicieron de la DAU y del plan Más Cerca, del tren a Tafí Viejo que inauguró para la campaña electoral pero que luego dejó en el olvido”, finalizó el radical. .
Capitanich irá a la Justicia por el caso “Sueños Compartidos”.- El intendente de Resistencia, capital de Chaco, y ex jefe de Gabinete del kirchnerismo Jorge Capitanich repudió los actos de corrupción. Adelantó que rendirá cuentas a la justicia por las dos causas en las que fue citado. El ex funcionario kirchnerista publicó un mensaje en su cuenta de facebook donde aclaró que “en ninguna” de las causas judiciales abiertas en su contra lo acusan “de actos de corrupción” y que en el caso de Fútbol para Todos ya aclaró “todos los interrogantes del proceso judicial”, mientras que en la de Sueños Compartidos aseguró haber “ejecutado las obras, sin sobreprecios, con dictamen de los órganos de control”. “Quiero compartir desde el espacio que nos toca mi más solemne repudio a todo acto de corrupción”, destacó Capitanich en el texto, días después de que el ex secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo, José López, fue detenido por intentar esconder bolsos con millones de dólaresen un monasterio de General Rodríguez.
“Alperovich es un personaje modelo de cínicos”.- El peronista disidente y titular de la Unidad Operativa de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad, Enrique Romero, se sumó a las voces críticas contra las declaraciones del ex gobernador José Alperovich. “Negar su kirchnerismo después de colocar a su esposa (Beatriz Rojkés) como vicepresidenta Primera del Senado de la Nación, tener la lengua del color de las medias de Néstor y Cristina, y decir que el caso López es repugnante, convierte a Alperovich en un personaje patético, modelo de cínicos”, se despachó Romero.