El 20 de junio no se reunió el Soberano Congreso. Pero el día anterior, miércoles 19, tuvo una larga sesión. Ella empezó con la lectura de los pliegos recién llegados. En el primero, desde Jujuy, el Director Supremo, Juan Martín de Pueyrredón, informaba su próximo regreso a Tucumán. En otro pliego, los comandantes de la milicia cívica de Buenos Aires, comunicaban que habían desbaratado el complot de un tal Mariano Mariño contra el Directorio.
Tras algún debate, se resolvió ”fijar a las puertas de la sala congresal”, la lista de los asuntos “de preferente atención” del Congreso, para que “se instruya el pueblo” a su respecto. Después, hubo acuerdo unánime en confiar al diputado Juan José Paso la redacción del “manifiesto”. No se tomó decisión –aunque se debatió- sobre la propuesta de Eduardo Pérez Bulnes, de que “se apropiasen a las cajas de Córdoba los 10.000 pesos aumentados a los españoles europeos de aquella ciudad”.
Luego, el presidente Teodoro Sánchez de Bustamante, dijo que en 1812 y 1814, a causa de la guerra, se habían traído a Tucumán “el archivo de Jujuy, así como útiles y alhajas de las iglesias de aquella ciudad y la de Salta”. Todo ese valioso material, subrayaba, había sido pésimamente tratado. Se vendían documentos importantes por las calles y las pulperías: sabía el caso concreto de la oferta de “un protocolo de 1809 y otro de escrituras antiguas”.
El Congreso resolvió “el recojo e indagación de los papeles y útiles indicados, y cuantos incidiesen en el curso de esta operación, públicos y privados, pertenecientes a las ciudades de Salta y Jujuy”. Una comisión, formada por los diputados Esteban Agustín Gazcón y Tomás de Anchorena, se ocuparía del asunto.