El incremento de los casos de violencia de género provoca preocupación en el Poder Judicial. Las estadísticas indican que por año ingresan unas 120.000 denuncias, lo que representa un 30% del total de las causas que investigan en el Centro Judicial Capital, ya que en Monteros y en Concepción, por diferentes razones, no se detectó un incremento alarmante de casos.

En el Poder Judicial analizan que la situación es grave. Desde hace meses que vienen trabajando para tratar de encontrar cómo agilizar los trámites para dar respuestas favorables. Por ese motivo, el miércoles se realizó una reunión en la que participaron Claudia Sbdar (vocal de la Corte Suprema de Justicia), Edmundo Jiménez (ministro fiscal), Adriana Giannoni, Adriana Reinoso Cuello, Mónica Targa y Jorge Echayde (fiscales de instrucción), representantes de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y jueces del fuero civil.

Pese a que desde la Corte se pidió que los detalles del encuentro se mantuvieran en reserva, LA GACETA pudo reconstruir lo que allí pasó. Durante el encuentro, Jiménez planteó, en líneas generales, el proyecto que debería ponerse en práctica para mejorar la atención de las víctimas. Los puntos centrales del planteo fueron:

- Aunar criterios a la hora de recibir las denuncias. En las fiscalías piensan que tanto en la OVD y como en la División de Violencia de Género de la Policía actúan de manera diferente. Esta situación se acentúa aún más en las otras dependencias policiales. Coinciden en señalar que, si se crea un nuevo y más completo protocolo, se actuará mucho más rápido.

- Consideran además que es necesario que se cree al menos una oficina que se dedique a investigar las causas de violencia de género. Esa dependencia -que contaría al menos con 20 instructores, teniendo en cuenta que cada fiscalía tiene al menos dos empleados realizando este trabajo-, será dirigida por el fiscal que esté de turno. También habrá un juez en lo penal y otro de familia que entienda de manera directa cada vez que sea necesario. También se planteó la necesidad que la oficina cuente con equipos de profesionales (médicos y psicólogos, entre otros) que se dediquen a actuar únicamente en estas causas.

- Solicitar colaboración al Poder Ejecutivo para resolver problemas que son comunes en este tipo de casos. Por ejemplo, como ocurre en Córdoba, que el área de Desarrollo Social le otorgue una vivienda a las mujeres u hombres que queden desamparados luego de haber realizado una denuncia por violencia.

- Pedir que la asistencia psicológica no sólo sea para la víctima, sino también para el victimario, que es el verdadero causante del problema.

En la reunión se decidió además que representantes seguirán viajando a otras provincias para analizar cómo trabajan estos casos en esos territorios. Ya analizaron la implementación de los botones antipánicos en Rosario; la creación de una fiscalía exclusiva de estos delitos en Salta; y el sistema de multifueros que se desarrolla en Córdoba. También acordaron realizar una nueva reunión donde se escucharán nuevas propuestas.