Las luces de alerta han vuelto a encenderse: la casa Sucar está de nuevo en peligro. La Sala 3 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dio orden de pronto despacho al municipio para que en 10 días se expida sobre el pedido de autorización para demolerla que ya 2012 habían interpuesto los propietarios. Así consta en la nota con la que hace ya una semana el subsecretario de Planificación Urbana de la Municipalidad, Luis Lobo Chaklián, remitió el pedido al director del Ente de Cultura, Mauricio Guzman... y los plazos corren.
Pero no todo son nubarrones negros: los legisladores José María Canelada (jefe de bloque de la UCR), Adela Estofán de Terraf y Eudoro Aráoz presentaron un proyecto de ley de expropiación de la magnífica casona, ubicada en Salta 532. Citan en los fundamentos diferentes pedidos de previos, entre ellos, varios del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura (el último, de agosto de 2015) y el del propio Ente Cultural de Tucumán, de marzo de 2014.
Y las reacciones ya han comenzado a producirse. Ayer, tanto la directora del Instituto, Ana Lía Chiarello, como la decana y la secretaria de Extensión de la Facultad de Arquitectura, arquitectas Olga Paterlini de Koch y Daniela Moreno, enviaron una nota a Canelada y a Estofán de Terraf agradeciendo y apoyando la iniciativa.
El proyecto de ley
Lo que se propone es crear en la casa el Centro Cultural Luis Lobo de la Vega para artistas Emergentes, y ponerlo bajo custodia y administración del Ente de Cultura de la Provincia.
“Se persigue un doble objetivo. Por un lado, salvar una casa de gran valor patrimonial, que los tucumanos ya salieron a defender en numerosas ocasiones -explicó Canelada-. Por otro, generar un espacio que albergue y estimule en su formación a jóvenes artistas tucumanos; que sirva de usina para nuestra cultura y como mecanismo de difusión de las producciones locales”.
En los fundamentos del proyecto se citan todos los valores de la casa, no sólo como inmueble particular, sino también como integrante de un conjunto urbano, “uno de los más significativos y de mayor calidad paisajístico-ambiental del casco histórico de la ciudad”.
El texto rescata también el marco normativo y los antecedentes legales que protegen la casa, incluso aunque no esté estrictamente protegida por la Ley de Patrimonio, por tratarse de una propiedad privada.
“Precisamente por eso es que creemos que es un deber del Estado protegerla. Y convencidos de ello, confiamos en que nuestros colegas legisladores escuchen los reclamos que desde 2012 hace la población tucumana y apoyen esta iniciativa, con la urgencia que los hechos establecen”