El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de María Eugenia Vidal, decidió que se aplique una sanción de hasta dos años de prisión a quienes den a conocer el contenido de las Declaraciones Juradas -en su formato integral- que presenten los funcionarios provinciales, policías y agentes de servicio penitenciario. Entre los alcanzados por la sanción se ubica a "terceros", o sea a periodistas y medios de comunicación.
La medida, que se dio a conocer hoy en el Boletín Oficial de la Provincia, va a contramano del anuncio realizado ayer por el presidente Mauricio Macri, que prometió revisar el artículo 85 del proyecto de ley para el blanqueo de capitales, que establecía penas de prisión y multas a quienes revelaran datos de esas operaciones, incluyendo a la prensa.
A través del decreto 647, publicado hoy, Vidal modificó el decreto 116, con el que había obligado a sus funcionarios y a sí misma, además de los agentes penitenciarios y policiales con el grado de subcomisario en adelante, a publicar sus declaraciones juradas de bienes, una medida largamente esperada ante la falta de transparencia que caracteriza a los actos del Estado provincial.
Ese decreto 116 establecía que los funcionarios públicos debían presentar las declaraciones juradas en dos formatos: una versión sintética y otra integral. La primera, que iba a ser de libre acceso para periodistas y ciudadanos, sólo consigna la valuación del patrimonio sin identificar los bienes que lo integran. La segunda, integral, incluye esas precisiones, pero iba a quedar a resguardo de la Escribanía General de Gobierno, ente que desde hace años rechaza todos los pedidos de acceso a la información realizados por la prensa.
"Los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal según corresponda, siendo de aplicación toda otra sanción establecida en la normativa vigente", dice el texto agregado hoy por el decreto 647 al régimen de Declaración Jurada patrimonial de la provincial. En los fundamentos, se aclara que la EscribaníaBUENOS AIRES.- La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, derogará los artículos del decreto que sancionaba penas de hasta cuatro años de prisión para "funcionarios, empleados y terceros" que revelen información sobre las Declaraciones Juradas Patrimoniales de integrantes del gabinete gubernamental y de las fuerzas de seguridad.
A través de un comunicado, que dio a conocer el diario La Nación, el Gobierno de Buenos Aires informó que "a raíz de las dudas generadas por el decreto 647/16 publicado hoy en el boletín oficial, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires reconoce un error en la redacción del mismo".
"Por lo tanto, la gobernadora resolvió derogar los artículos 1, 2 y 7, para despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas, así como a cualquier otro asunto de interés público", añade el documento que fue difundido en la tarde de hoy.
La disposición modifica el decreto Nº 116/16, que regula la obligación de funcionarios del Poder Ejecutivo, policías e integrantes del Servicio Penitenciario, entre otros, a presentar su declaración jurada patrimonial.
"Los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal", se había establecido en principio.
Sin embargo, luego de la polémica que se generó, Vidal sostuvo en Twitter que la disposición "será revisada" si "alguna cuestión técnica generó dudas". Minutos después, se emitió el comunicado que establece que se derogará los artículos 1, 2, y 7.
BUENOS AIRES.- La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, derogará los artículos del decreto que sancionaba penas de hasta cuatro años de prisión para "funcionarios, empleados y terceros" que revelen información sobre las Declaraciones Juradas Patrimoniales de integrantes del gabinete gubernamental y de las fuerzas de seguridad.
A través de un comunicado, que dio a conocer el diario La Nación, el Gobierno de Buenos Aires informó que "a raíz de las dudas generadas por el decreto 647/16 publicado hoy en el boletín oficial, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires reconoce un error en la redacción del mismo".
"Por lo tanto, la gobernadora resolvió derogar los artículos 1, 2 y 7, para despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas, así como a cualquier otro asunto de interés público", añade el documento que fue difundido en la tarde de hoy.
La disposición modifica el decreto Nº 116/16, que regula la obligación de funcionarios del Poder Ejecutivo, policías e integrantes del Servicio Penitenciario, entre otros, a presentar su declaración jurada patrimonial.
"Los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal", se había establecido en principio.
Sin embargo, luego de la polémica que se generó, Vidal sostuvo en Twitter que la disposición "será revisada" si "alguna cuestión técnica generó dudas". Minutos después, se emitió el comunicado que establece que se derogará los artículos 1, 2, y 7.