El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, recibió el jueves su tercera denuncia penal, esta vez impulsada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que acusó al funcionario macrista de "abuso e incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", por no haber realizado la audiencia pública previa al incremento de las tarifas de gas.
El titular de la PIA, Sergio Rodríguez, denunció a Aranguren, y al interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), David José Tezanos González, y ahora el caso está en manos del juez federal Claudio Bonadio, con la intervención del fiscal Carlos Rivolo.
Rodríguez formalizó con una denuncia penal las actuaciones que le habían enviado el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata  Daniel Adler, por "la posible comisión de infracciones penales" ante la nueva tarifa de gas y la falta de audiencia pública.
Adler reportó que "se ha incumplido con el artículo 46 de la ley 24.076 que prevé la realización de una audiencia pública previa al incremento de las tarifas, con pleno conocimiento que así se procedía -evidenciado en la justificación ensayada en la Resolución Enargas 3732/2016- y con grave perjuicio a los derechos a la calidad de vida de la población de este circuito federal, que sufrió un fuerte impacto en la suba del gas domiciliario".
"La ausencia de Audiencia Pública, prevista específicamente para el cambio de tarifas en el gas, no sólo ha obturado la discusión ciudadana sobre el punto impidiendo el control del consumidor, sino que constituye un incumplimiento de la ley de parte de la autoridad en un tema que afecta el derecho de las personas a su calidad de vida", señaló Adler en la presentación ante la PIA.
En ese marco, Rodríguez sumó al reporte de Adler las resoluciones emitidas recientemente por el Juzgado Federal de Rawson y por el Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Federal de La Plata que frenaron la aplicación del nuevo cuadro tarifario.
Y señaló así que se habría afectado a los "usuarios del servicio de gas natural de la República Argentina que no han podido participar en la discusión que determinó el aumento del precio del gas natural en boca de pozo".
Aranguren ya había sido denunciado en los tribunales de Comodoro Py: primero por haberse, supuestamente, beneficiado con el aumento de las tarifas de combustibles por ser accionista de Shell, y la segunda por presuntos sobreprecios en la compra de gas a Chile.

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, recibió el jueves su tercera denuncia penal, esta vez impulsada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que acusó al funcionario macrista de "abuso e incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", por no haber realizado la audiencia pública previa al incremento de las tarifas de gas.

El titular de la PIA, Sergio Rodríguez, denunció a Aranguren, y al interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), David José Tezanos González, y ahora el caso está en manos del juez federal Claudio Bonadio, con la intervención del fiscal Carlos Rivolo.

Rodríguez formalizó con una denuncia penal las actuaciones que le habían enviado el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Adler, por "la posible comisión de infracciones penales" ante la nueva tarifa de gas y la falta de audiencia pública.

Adler reportó que "se ha incumplido con el artículo 46 de la ley 24.076 que prevé la realización de una audiencia pública previa al incremento de las tarifas, con pleno conocimiento que así se procedía -evidenciado en la justificación ensayada en la Resolución Enargas 3732/2016- y con grave perjuicio a los derechos a la calidad de vida de la población de este circuito federal, que sufrió un fuerte impacto en la suba del gas domiciliario".

"La ausencia de Audiencia Pública, prevista específicamente para el cambio de tarifas en el gas, no sólo ha obturado la discusión ciudadana sobre el punto impidiendo el control del consumidor, sino que constituye un incumplimiento de la ley de parte de la autoridad en un tema que afecta el derecho de las personas a su calidad de vida", señaló Adler en la presentación ante la PIA.

En ese marco, Rodríguez sumó al reporte de Adler las resoluciones emitidas recientemente por el Juzgado Federal de Rawson y por el Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Federal de La Plata que frenaron la aplicación del nuevo cuadro tarifario.

Y señaló así que se habría afectado a los "usuarios del servicio de gas natural de la República Argentina que no han podido participar en la discusión que determinó el aumento del precio del gas natural en boca de pozo".

Aranguren ya había sido denunciado en los tribunales de Comodoro Py: primero por haberse, supuestamente, beneficiado con el aumento de las tarifas de combustibles por ser accionista de Shell, y la segunda por presuntos sobreprecios en la compra de gas a Chile. (DYN)