El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social de la Cámara de Diputados comenzó a las 13.30 y con las exposiciones previstas de los titulares de Anses, Emilio Basalvilbaso, de AFIP, Alberto Abad, el viceministro de Hacienda, Pedro Lacoste, y Mario Quintana de la Jefatura de Gabinete, sobre el proyecto de ley que contempla el pago de sentencias a jubilados, que se solventará con el blanqueo de capitales, y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, afirmó esta tarde que el proyecto enviado por el Ejecutivo para el pago de sentencias de juicios a jubilados es "una reparación histórica que supone un paso fundamental para la cruzada que nos convoca el presidente Mauricio Macri para juntos reconstruir la confianza".
Al defender el proyecto de ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y de blanqueo de capitales en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el funcionario advirtió que "dos millones y medio de personas están siendo afectadas por la conducta que arrastramos hasta hoy" desde la administración anterior de incumplimiento de las sentencias judiciales.
Asimismo, Quintana confirmó la decisión de crear "una pensión universal, vitalicia y no contributiva para mayores de 65 años que también será para extranjeros que tengan ciertos años de residencia en el país".
Afirmó esta tarde que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses "ha crecido significativamente a 750.000 millones de pesos", pero advirtió que "el destino de ese fondo tiene que honrar su razón de ser que es el pago a los jubilados".
"No nos parece sensato ni justo seguir acumulando dinero cuando se le debe a los jubilados, por eso vamos a usar el Fondo de Garantiza de Sustentabilidad para hacer frente a la erogación de los derechos y esto no significa la desaparición del fondo, si queremos cuidar el fondo y que sea administrado con criterio profesionales", señaló el funcionario.
Al exponer en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados donde defiende el proyecto de ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y de blanqueo de capitales, Quintana confirmó la decisión del Gobierno de pedir que "se libere a la administración para la venta de ciertos activos como acciones que ostenta en compañías privadas".
El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo consta de 94 artículos y un anexo con el acta notarial del Acuerdo firmado con los gobernadores para la devolución escalonada del 15 por ciento de la masa coparticipable, además de un extenso mensaje en el que se explican los diferentes capítulos de la iniciativa: el "Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados", la "Pensión Universal para el Adulto Mayor", la modificación de los impuestos a las Ganancias y Sobre los Bienes Personales y la derogación del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
Además, dentro del "Régimen de Sinceramiento Fiscal", incluye al blanqueo como "Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior" y a la moratoria impositiva y previsional como "Regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y aduaneras"
El convenio que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, firmara el 18 de mayo en Córdoba con los gobernadores para el reintegro paulatino de la coparticipación retenida en favor de la Anses figura con el título "Ratificación de acuerdos".
En lo previsional, la propuesta del Gobierno podría alcanzar a 2,5 millones de jubilados, distribuidos en tres grupos diferenciados: los que tienen sentencia judicial firme, los que iniciaron una demanda pero aún no tienen sentencia y los que no recurrieron al juicio.
En todos esos casos, para acceder al beneficio deberán renunciar a realizar demandas a través de un convenio con la ANSeS y homologado por la Justicia.
Los tres casos tendrán una actualización en sus haberes jubilatorios que oscila, según los casos, entre el 35 y el 51 por ciento, pero con un tratamiento diferente en lo que respecta a los haberes retroactivos.
Aquellos con sentencia firme cobrarán lo adeudado el 50 por ciento al contado y el resto en cuotas, a los que no tengan fallo judicial se les pagará con el mismo criterio pero solamente los últimos 48 meses, en tanto quienes no hayan iniciado juicio no tendrán derecho a retroactividad.
El costo fiscal de la medida es de unos 75 mil millones de pesos anuales por los ajustes de las jubilaciones, a los que deben sumarse una suma de 47.000 millones a 55.000 millones de pesos para el pago de los retroactivos y 1.946 millones por el cambio en el coeficiente para calcular las jubilaciones.
A esos recursos, la ANSeS debe agregar la pérdida de unos 21.000 millones de pesos por la devolución a las provincias y al Tesoro nacional de 3 puntos porcentuales de los 15 que percibía de la masa coparticipable.
El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social de la Cámara de Diputados comenzó a las 13.30 y con las exposiciones previstas de los titulares de Anses, Emilio Basalvilbaso, de AFIP, Alberto Abad, el viceministro de Hacienda, Pedro Lacoste, y Mario Quintana, de la Jefatura de Gabinete, sobre el proyecto de ley que contempla el pago de sentencias a jubilados, que se solventará con el blanqueo de capitales, y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, afirmó esta tarde que el proyecto enviado por el Ejecutivo para el pago de sentencias de juicios a jubilados es "una reparación histórica que supone un paso fundamental para la cruzada que nos convoca el presidente Mauricio Macri para juntos reconstruir la confianza".
Al defender el proyecto de ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y de blanqueo de capitales, el funcionario advirtió que "dos millones y medio de personas están siendo afectadas por la conducta que arrastramos hasta hoy" desde la administración anterior de incumplimiento de las sentencias judiciales.
Asimismo, Quintana confirmó la decisión de crear "una pensión universal, vitalicia y no contributiva para mayores de 65 años que también será para extranjeros que tengan ciertos años de residencia en el país".
Afirmó que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses "ha crecido significativamente a $ 750.000 millones", pero advirtió que "el destino de ese fondo tiene que honrar su razón de ser que es el pago a los jubilados".
"No nos parece sensato ni justo seguir acumulando dinero cuando se le debe a los jubilados, por eso vamos a usar el Fondo de Garantiza de Sustentabilidad para hacer frente a la erogación de los derechos y esto no significa la desaparición del fondo, si queremos cuidar el fondo y que sea administrado con criterio profesionales", señaló el funcionario.
Quintana confirmó la decisión del Gobierno de pedir que "se libere a la administración para la venta de ciertos activos como acciones que ostenta en compañías privadas".
El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo consta de 94 artículos y un anexo con el acta notarial del Acuerdo firmado con los gobernadores para la devolución escalonada del 15% de la masa coparticipable, además de un extenso mensaje en el que se explican los diferentes capítulos de la iniciativa: el "Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados", la "Pensión Universal para el Adulto Mayor", la modificación de los impuestos a las Ganancias y Sobre los Bienes Personales y la derogación del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
Además, dentro del "Régimen de Sinceramiento Fiscal", incluye al blanqueo como "Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior" y a la moratoria impositiva y previsional como "Regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y aduaneras"
El convenio que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, firmara el 18 de mayo en Córdoba con los gobernadores para el reintegro paulatino de la coparticipación retenida en favor de la Anses figura con el título "Ratificación de acuerdos".
En lo previsional, la propuesta del Gobierno podría alcanzar a 2,5 millones de jubilados, distribuidos en tres grupos diferenciados: los que tienen sentencia judicial firme, los que iniciaron una demanda pero aún no tienen sentencia y los que no recurrieron al juicio.
En todos esos casos, para acceder al beneficio deberán renunciar a realizar demandas a través de un convenio con la Anses y homologado por la Justicia. Los tres casos tendrán una actualización en sus haberes jubilatorios que oscila, según los casos, entre el 35 y el 51%, pero con un tratamiento diferente en lo que respecta a los haberes retroactivos.
Aquellos con sentencia firme cobrarán lo adeudado el 50% al contado y el resto en cuotas, a los que no tengan fallo judicial se les pagará con el mismo criterio pero solamente los últimos 48 meses, en tanto quienes no hayan iniciado juicio no tendrán derecho a retroactividad.
El costo fiscal de la medida es de unos 75.000 millones de pesos anuales por los ajustes de las jubilaciones, a los que deben sumarse una suma de 47.000 millones a $ 55.000 millones para el pago de los retroactivos y $ 1.946 millones por el cambio en el coeficiente para calcular las jubilaciones.
A esos recursos, la ANSeS debe agregar la pérdida de unos $ 21.000 millones por la devolución a las provincias y al Tesoro nacional de tres puntos porcentuales de los 15 que percibía de la masa coparticipable. (Télam - DyN)