Con sigilo, desordenada y sin una dirección fija, así se presenta la discusión sobre la reforma política en Tucumán. Aplacado el debate luego del inocuo compendio de propuestas diseñado por el Gobierno, el futuro del sistema electoral provincial encontró un envión inesperado de la mano del presidente, Mauricio Macri. Sin darse cuenta, el jefe de Estado abrió una ventana de esas que luego cuesta cerrar cuando instó al gobernador, Juan Manzur, a avanzar con la eliminación de los acoples.

Aún no se puede concluir que haya una decisión política unánime de ir por una nueva reforma constitucional, pero sí se puede advertir que hay esfuerzos individuales y arrebatados por instalar otra vez la discusión. La excusa, como siempre, es el artículo 43, inciso 12 de la Carta Magna. Este prescribe que “los partidos políticos, frentes o alianzas electorales podrán celebrar acuerdos para apoyar a un único candidato a gobernador y vicegobernador y/o intendente de un partido político, frente político o alianza distinta, pudiendo unir la boleta diferentes categorías de candidatos con la categoría de gobernador y vicegobernador y/o de intendente de otra lista distinta, sumándose la totalidad de los votos obtenidos por las listas en cada categoría”. Aquellos “no” reformistas aseguran que, para cumplir con el reclamo de Macri, no es necesario modificar el texto constitucional, sino simplemente establecer una reglamentación que limite los acoples mediante una ley. Sin embargo, el debate central no gira en torno a ese punto, sino alrededor de las intenciones de aquellos dirigentes que esperan agazapados estas oportunidades.

Nadie puede desconocer que el peronismo, que tiene en sus manos el Gobierno provincial, la mayoría de las intendencias y los votos necesarios en la Legislatura, no avanzará un paso en detrimento del acople. Salvo, claro está, que la recompensa sea buena. Sencillamente, porque con este régimen el Partido Justicialista se mantiene en el poder desde 2003. En rigor, legisladores, concejales e intendentes crearon minifundios electorales en sus terruños bajo el amparo de los acoples. ¿Por qué habrían de ceder hoy esa conquista? No habrá altruismo, sino una negociación que ya ha dado sus primeros pasos.

Los primeros en salir públicamente a plantear el debate sobre la necesidad de la reforma fueron el vicepresidente primero de la Cámara, Guillermo Gassenbauer; y el presidente de la comisión de Hacienda, Juan Antonio Ruiz Olivares. Pero detrás de ellos hay una decena de parlamentarios, entre ellos peronistas disidentes, macristas y radicales, que están de acuerdo con esa postura. Esto no significa que los opositores quieran otra reforma, 10 años después de la Convención Constituyente alperovichista, sino que están seducidos con la posibilidad de incorporar la reelección indefinida para los legisladores y de permanecer en las bancas. Hoy, los parlamentarios y los concejales sólo pueden repetir de manera consecutiva en una ocasión, mientras que en la Nación los diputados y senadores no tienen topes. Y de la única manera en que podrán liberarse de ese techo constitucional es mediante una reforma. Ahora bien, ¿está dispuesto el PJ que tanto se benefició con los acoples a cederlos en pos de lograr la reelección indefinida para cargos legislativos? Aún no hay una postura discutida en la conducción del peronismo, ni mucho menos entre sus referentes. Seguramente, la pretensión de los legisladores se topará con el rechazo de los intendentes, quienes una vez que deban dejar sus municipios deberán disputar espacios con parlamentarios anquilosados en sus bancas. La lucha interna, se ve, puede ser sangrienta.

Tampoco hubo conversaciones formales entre los tres líderes del peronismo: Manzur, el vicegobernador Osvaldo Jaldo y el senador José Alperovich. Ese trípode de poder, si algo tiene en claro, es que no firmará su suicidio político. De los tres, Jaldo es el más vehemente en su defensa del sistema de listas colectoras. Es lógico, así cimentó en el interior el tranqueño la trabajosa victoria de 2015. Alperovich también defiende el acople, que le permitió en 2007 y en 2011 alcanzar montañas de votos para ser reelecto. Manzur, en cambio, es más permeable a las presiones macristas porque debe garantizar recursos para gobernar. En ese sentido, no son pocos los oficialistas locales y los dirigentes de Cambiemos que vaticinan que el Presidente podría atar el nuevo reparto de la coparticipación federal a las provincias –aún debe ser aprobado por el Congreso- con la reforma política. ¿Cuál es la postura del Gobierno nacional? Hay una posición más laxa, que comanda el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Este pregona que se deben respetar las autonomías provinciales en materia legislativa, siempre y cuando se limiten los excesos y haya elecciones simultáneas para cargos locales y nacionales. Pero también hay una línea más dura, que coincide con el Presidente en la necesidad de que Tucumán debe avanzar hacia un sistema electoral más “estándar”. En este grupo se anotan los radicales ligados al macrismo, conocedores de las mañas peronistas en el “territorio”.

En el medio, los referentes locales de Cambiemos tratan de dilucidar qué es lo que más les conviene. Aunque ninguno, por cierto, le cierra las puertas a una reforma constitucional de manera terminante. Razonan en base a la experiencia reciente. El Acuerdo para el Bicentenario, en 2015, peleó con las mismas herramientas que el Frente para la Victoria, se nucleó de peronistas disidentes, formó acoples en todos los municipios y aún así no pudo ganar. La conclusión que repitió José Cano ante más de un interlocutor es que mientras rija ese sistema clientelar, con centenares de partidos financiados con la caja de la Provincia y de las intendencias, llegar a la Casa de Gobierno será una utopía. En su entorno, muchos ya se han cansado de perder y quieren ganar, por lo que estarían dispuestos a ceder ante un proyecto de ley que declare la necesidad de la reforma, siempre y cuando se borre cualquier vestigio del acople. ¿Se está pariendo un Pacto de Olivos a la tucumana?