BRASILIA. - La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, está a punto de ser alejada hoy de sus funciones de manera provisional por el Senado, que decidirá si abre o no un juicio político en su contra.

La Cámara Alta votará si aprueba el dictamen del relator del proceso, el senador Antonio Anastasia, quien recomendó el enjuiciamiento de la política del Partido de los Trabajadores (PT).

Se necesita una mayoría simple, de 41 votos sobre un total de 81 senadores, para que sea abierto el juicio político. Si esto sucede, Rousseff será alejada del cargo en forma inmediata y por un plazo máximo de 180 días, durante los cuales asumirá en forma interina el vicepresidente Michel Temer.

Antes de que el trámite llegara al Senado, el pedido de enjuiciamiento fue aprobado por el plenario de la Cámara de Diputados con 367 votos a favor y 137 en contra, sobre un total de 513 legisladores.

Estos son los fundamentos jurídicos en los que se basa el pedido de "impeachment" de Rousseff, presentado el año pasado por los juristas Miguel Reale Júnior, Janaina Paschoal y Hélio Bicudo.

- Ruedas fiscales:

El Tesoro Nacional retrasó el pago al Banco do Brasil de 3.500 millones de reales (unos 1.000 millones de dólares) relativos al programa agrícola Plan Safra, que es una línea de crédito especial para agricultores. El banco pagó en tiempo y forma a los beneficiarios los fondos que demandaban, lo que configura un préstamo del banco estatal al Gobierno. Esto está prohibido por ley. A esta retención del dinero por parte del Estado se le llama "rueda fiscal".

- Apertura de créditos por decreto:  

La presidenta promulgó decretos autorizando la apertura de créditos complementarios por 96.000 millones de reales (unos U$S 27.400). Estos gastos extras deberían haber sido avalados por el Congreso.

- "Maquillaje" de los resultados contables:  

El Gobierno dejó de contabilizar las "ruedas fiscales" como deuda pública, lo que generó un superávit artificial a lo largo de 2015.

- Causa Petrobras:

El cambista Alberto Youssef, uno de los principales implicados en la trama de corrupción en Petrobras, acusó a Rousseff de estar al tanto, cuando presidía el consejo de administración de la estatal, de un negocio que ocasionó millonarias pérdidas a la empresa. Se presume que el negocio estuvo vinculado a los desvíos de fondos ocurridos en Petrobras.

Estas últimas dos acusaciones -maquillaje de superávit y negocio perjudicial para Petrobras- no fueron consideradas por la comisión especial de la Cámara de Diputados que dio un primer dictamen sobre el proceso contra Rousseff.

No obstante, la Cámara Baja dejó abierta la posibilidad de que el Senado, en caso de decidirse por la apertura del juicio, pueda incluirlas en los autos del proceso. (DPA)