FAIRFAX, Virginia.- Jerry Pinto, inmigrante de Bolivia, quiere abrir un espacioso taller de carpintería en este suburbio, con su nombre en letras de imprenta sobre la puerta. “Quiero un lugar donde yo pueda ser visible”, dice melancólico. Pero sabe que por ahora debe mantener un perfil bajo porque está ilegalmente en EE.UU. Opera su negocio de carpintería en forma casi subrepticia en un garaje atiborrado, detrás de su casa.

Pinto es uno de los más de 4 millones de inmigrantes no autorizados cuyas vidas podrían transformarse gracias a un fallo de la Corte Suprema. Los magistrados supieron de los argumentos en forma oral en una impugnación que presentaron 26 estados encabezados por Texas, contra el esfuerzo del presidente Barack Obama en favor de los permisos legales para que trabajen los inmigrantes y se los proteja de la deportación.

Gente como Pinto podrán estar al descubierto o seguir durante años en la clandestinidad. Mucho está en juego en este año electoral. Los dos precandidatos punteros republicanos, Donald Trump y el senador Ted Cruz de Texas, dijeron que deportarán 11 millones de extranjeros que están ilegalmente en el país.

El más grande de los programas de Obama que está en la Corte Suprema beneficiaría a los inmigrantes padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes, si no tienen antecedente penal grave. La mayoría tiene familias como las de Pinto. Su esposa Elvira es de México y también está ilegalmente. Su hija Ámbar de 22 años y su hijo Jerry Rodrigo de 15 nacieron en Bolivia, pero han crecido en Virginia, aunque sin residencia legal. Su hijo más pequeño, Christian, de 8 años, es ciudadano estadounidense, y por eso hace a sus padres elegibles para el programa de Obama, en caso de que se ratifique.

Pinto fue el primero de la familia en llegar. Él y su esposa eran profesionales de clase media en Bolivia antes de que la economía se colapsara en los 90. Regresaron a México y en el 2004 Pinto se unió a la oleada de mexicanos que entraron a EE.UU por la frontera. Estuvo perdido cuatro días y sin agua en el desierto de Arizona en pleno verano, con tantas ampollas en los pies que tuvo que gatear.

Llegó a Virginia y rápido descubrió que el trabajo disponible para él, sin documentos legales, ni Seguro Social, estaba en la construcción. Pronto aprendió plomería para hacer dos trabajos al mismo tiempo. Luego aprendió a hacer molduras. Hace varios años compró una sierra industrial y en su garaje empezó su propia compañía.

“No puedo pensar en otra cosa que no sea la sobrevivencia y asegurarme de que mis hijos tengan algo para comer”, dijo Pinto. Su esposa limpia casas para contribuir al ingreso familiar, aunque es renuente a salir del hogar. Teme caer en una redada de inmigrantes y no regresar nunca más a ver a mis hijos.

Los Pinto saben cómo la Corte Suprema podría cambiarles la vida por lo que le sucedió a Ámbar Pinto. Se inscribió en una iniciativa de Obama en el 2012, que proporcionó apoyo legal a millones de jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron a EE.UU de niños, incluida la autorización para trabajar. Ámbar presentó su solicitud.

El impacto fue inmediato. Le dieron un trabajo secretarial en Washington para ayudar a pagar los costos de la universidad. Animada, se integró a una campaña para persuadir a los funcionarios de Virginia para que permitieran a los inmigrantes estudiantes del programa asistir a universidades estatales pagando las colegiaturas más bajas para residentes. El senador Mark Warner, un demócrata de Virginia, estaba impresionado con el fervor de Ámbar y la invitó al discurso sobre el estado de la nación de Obama en el 2013.

Estuvo presente -rompió en llanto- cuando Mark Herring, el nuevo fiscal general de Virginia, anunció en 2014 que permitiría que los inmigrantes pagaran colegiaturas de residentes. Después de asistir dos años a la universidad popular, Ámbar se va a cambiar este año a la universidad estatal George Mason.

Como los Pinto, al menos cuatro quintas partes de los padres elegibles han vivido en EE.UU durante una década o más, según un estudio del Centro para Estudios sobre la Migración, no partidista. Alrededor de 94% tiene empleo constante. Aproximadamente la mitad dice que habla inglés bien o con fluidez.

Los estados que presentaron la demanda para detener el programa dicen que Obama se excedió en sus poderes y les dio a los transgresores de la ley un estatus cuasi legal que nunca aprobó el Congreso.

Dieciséis estados, que incluyen Virginia y el Distrito de Columbia entregaron un informe a la Corte Suprema en el que apoyan a Obama, y dicen que esperan beneficiarse con un mayor ingreso tributario por los inmigrantes que trabajan legalmente. Los funcionarios de Virginia están divididos sobre este tema. “¿Vas a perseguir a los miembros de pandillas y a los narcotraficantes o gastas esos recursos limitados en dividir a las familias?”, preguntó Herring, el fiscal general de Virginia, demócrata, en una entrevista.

El representante Robert W. Goodlatte, un republicano de Virginia, firmó un informe para la Corte Suprema para oponerse a los programas. “La falta de respeto por nuestras leyes migratorias por parte de los funcionarios gubernamentales y los inmigrantes transgresores no contribuye a promover el respeto por el estado de derecho en general, a prevenir crímenes y a promover la seguridad pública”, dijo Goodlatte. Se espera un fallo de la Corte para junio.

Los Pinto están esperando ansiosamente. Christian, el ciudadano estadounidense que está en tercer año, ha entendido por primera vez lo que podría suceder si los agentes de inmigración llegaran por la familia. Podrían mandar a su padre y sus hermanos a Bolivia, a su madre a México, y a él podrían dejarlo en Estados Unidos.

“Al principio, ni siquiera sabía lo que quiere decir la palabra inmigrante”, contó. “Ahora sé que ser ciudadano significa mucho para mí porque si yo no hubiera nacido aquí, no podría ayudar a mi mamá y a mi papá a vivir aquí”.

Si la Corte Suprema ratifica los programas, Jerry Pinto se apresurará a meter su solicitud. Sacará una licencia de manejo en Virginia (la que tiene ahora es de Maryland). Sacará un préstamo para abrir su taller, luego regresará por una hipoteca para comprar su casa.

Esperanzada, la familia está dando pasos para no ocultarse más, por lo que invitaron al representante demócrata de Virginia, Don Beyer, a cenar este mes.

“Yo me siento estadounidense”, comentó Pinto. “Ahora este es mi país”.