Sin duda, San Miguel de Tucumán estaba muy orgullosa al promediar 1815, cuando se enteró de que había sido elegida sede del Soberano Congreso de las Provincias Unidas que se reuniría al año siguiente, y para el cual la invitaban a designar diputados.
Pero sucedió que, a pesar de aquella complacencia, la elección de esos diputados se desarrolló entre abundantes complicaciones. Tantas, que llegaron a fatigar al Congreso, que veía dilatarse así la hora en que la bancada de Tucumán estuviera completa. El historiador Julio P. Ávila ha seguido el asunto en “La ciudad arribeña”, y aquí sintetizamos su cuidadoso examen de los documentos.
Elección de tres
Dado los grandes servicios que nuestra provincia había prestado a la causa patriota, se le otorgó la especial concesión de tener tres diputados, en lugar de los dos que le correspondían por su número de habitantes. En cuanto al sistema de elección de estos diputados, era indirecto y algo complicado.
La capital de Tucumán y los distritos de campaña debían elegir electores, a razón de cuatro la capital y uno cada distrito. Estos, junto con los miembros del Cabildo, formarían la “Asamblea Electoral”, organismo que -presidido por el gobernador Bernabé Aráoz- por simple mayoría designaría finalmente a los congresales.
Fuertes reparos
Pero todo este trámite, al parecer, se llevó a cabo en forma irregular y motivó serios reparos. Uno de ellos era que los miembros del Cabildo votaron dos veces, una como ciudadanos y otra como funcionarios. Además, resultaba objetable el número de representantes -según una de las críticas que se expuso- ya que, si de acuerdo al Estatuto, era suficiente con cuatro electores por la capital para que representasen a sus 7 u 8.000 habitantes, ¿a quién venían a representar, entonces, los 12 miembros del Cabildo, que también votaban por la capital, creando una enorme desproporción con la campaña, que solo elegía uno por distrito?
Se culpaba también al gobernador Aráoz de coartar la libertad de la Asamblea, desde la presidencia, y a una “mayoría uniformada” del Cabildo, de imponer su voluntad sobre el resto, apunta Ávila.
Dos renuncias
En tan controvertidos comicios, resultaron electos diputados al Congreso dos eclesiásticos: el párroco de la Matriz, doctor Pedro Miguel Aráoz y el doctor José Agustín Molina; y un abogado, el doctor Juan Bautista Paz. Como el doctor Molina renunció de inmediato, fue reemplazado por otro sacerdote tucumano, el doctor José Ignacio Thames, canónigo de la Catedral de Salta.
Las sólidas reservas que se formulaban sobre la elección habían tomado estado público y desprestigiaban a los elegidos. Por esas razones, Aráoz y Paz no intentaron incorporarse y presentaron sus renuncias al Congreso. La dimisión de Aráoz era escueta, pero la de Paz formulaba las críticas que mentamos arriba sobre el voto doble de los cabildantes y la falta de representatividad. En cambio, Thames se incorporó a su banca sin hacer bulla de ninguna especie.
“Provisionales”
El Congreso decidió, el 27 de marzo de 1816, nombrar una comisión para que dictaminara sobre las renuncias de Aráoz y Paz y sobre el desarrollo de las elecciones que los ungieron. Formaban esa comisión Francisco Narciso de Laprida, Manuel Antonio Sáenz, Gerónimo Salguero, Tomás Godoy Cruz y Pedro Ignacio de Castro Barros. Mientras se produjera su dictamen, el Congreso ordenó elegir diputados “provisionales”, a fin de que Tucumán tuviera completa su representación.
A esta elección se la convocó para el 2 de abril, en los cuatro cuarteles. Los votos, depositados en las casas de cuatro miembros del Cabildo (Marcelo Díaz de la Peña, José Gramajo, Juan Venancio Laguna y José Manuel Figueroa), elegirían 4 electores por la ciudad y 6 por la campaña.
Nueva elección
De pronto, todo esto quedó sin efecto. La comisión de diputados trabajó rápido y, a su propuesta, el Congreso resolvió declarar nula la elección de Aráoz y de Paz, y ordenó realizar una nueva, para designar no ya “provisionales” sino titulares. En realidad, anular la elección significaba fulminar también la incorporación de Thames, pero el Congreso lo dejó en su banca.
Debió organizarse todo de nuevo, de acuerdo a minuciosas disposiciones. Se votaría en el Cabildo, donde cada ciudadano sufragaría por 4 electores simultáneamente. En la campaña, recibiría los votos en su casa el alcalde de cada curato, con “dos vecinos de los de mayor probidad”. Se daría el voto “de palabra, o por escrito, o cerrado”.
Los votantes
La Asamblea Electoral sesionaba en el Cabildo. La instalaría el gobernador, quien “se retirará inmediatamente” después de nombrado el presidente. Ese cuerpo elegiría finalmente los dos diputados al Congreso, a “simple pluralidad de votos”. Ningún elector podía votar por sí mismo.
Solo estaban habilitados para votar los que tuviesen “ciudadanía”. Esta se perdía por naturalizarse en país extranjero, o por aceptar empleos o distinciones de aquel; por estar condenado con “pena aflictiva o infamante”, o por ser “deudor dolosamente fallido y no rehabilitado”. Y la ciudadanía quedaba “suspendida” por ser deudor ejecutado del fisco; por estar acusado de delito “que merezca pena aflictiva o infamante”, por “ser doméstico asalariado; no tener propiedad u oficio lucrativo y útil al país, y por el estado de furor o demencia”.
Un antecedente
A pesar de todas estas salvedades (que dejaban al margen a una gran parte de la población), Julio P. Ávila comenta que “las precauciones tomadas por el Congreso, los incidentes de la elección, la entereza de los hombres que formaban la mesa receptora de votos, la forma de votar de viva voz, por escrito o por cubierta cerrada”, confieren a estos comicios, con todas sus limitaciones, el carácter de un verdadero antecedente democrático. Se llevaron a cabo el 26 de abril de 1816.
Durante su trámite, fue planteada una serie de impugnaciones. Establecer qué oficio era “lucrativo y útil al país”, o la calidad de los deudores del Estado, trajo quejas y protestas, así como el rechazo a votantes “por ser emigrados”, por ejemplo.
Los electores
El gobernador Aráoz examinó las objeciones, las dividió en “delicadas, fundadas y dudosas” y pidió que, al terminar el acto, se guardaran los votos hasta que el Congreso resolviera.
Pero la mesa electoral replicó, sin vacilar, que “emanando su autoridad del Congreso, no puede suspender el escrutinio”. Entonces, Aráoz elevó las impugnaciones al Congreso. Este designó al diputado Esteban Agustín Gazcón, con plenas facultades, para resolver los reclamos “sobre el tambor”.
Después de todos esos sucesos, quedaron nombrados los electores. Por la capital, eran el doctor José Serapión de Arteaga, fray Juan José Montes, Pedro Velarde y José Manuel Terán. Por Burruyacu, el cura Gregorio Villafañe; por Monteros, el teniente coronel Diego Aráoz; por Los Juárez (Leales), el comandante Jerónimo Zelarayán; por Trancas, el sargento Bruno San Martín; por Río Chico, el cura Francisco Basail y por Chicligasta el presbítero Diego León de Villafañe.
Jura y renuncia
El 9 de mayo de 1816, todos estos electores designaron diputados al doctor Arteaga, con ocho votos, y al doctor Pedro Miguel Aráoz, con seis votos.
No terminaron allí los incidentes. La elección tampoco había dejado contentos a algunos vecinos, entre otras cosas por ser salteño y no tucumano el doctor Arteaga. Pero así y todo, el Congreso aprobó el resultado electoral e invitó a los diputados a incorporarse. El doctor Aráoz procedió a prestar juramento, pero Arteaga contestó, desde la barra, que no podía incorporarse al Congreso mientras un solo hombre protestase contra su elección.
La actitud del doctor Arteaga fue considerada un desacato, y se le ordenó retirarse del recinto. El congresal Pedro Medrano (Buenos Aires) quería que lo procesaran. No hubo proceso, pero su banca quedó sin cubrir. Por eso Tucumán tuvo solamente dos diputados, Aráoz y Thames, firmantes de la declaración de la Independencia, en lugar de los tres que le correspondían.