Hoy arranca el desfile por los tribunales federales de los imputados por una causa que involucra a la UNT y a la empresa interestatal, Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). Hace seis años la Justicia investiga el manejo de fondos provenientes de las utilidades mineras que recibió la universidad durante el período 2006-2009.

Están imputados seis ex funcionarios de esa institución: Juan Alberto Cerisola, ex rector de la UNT (2006-2014); Luis Sacca, ex subsecretario de Políticas Administrativas y ex diputado por la UCR; Olga Cudmani, ex directora de la Dirección General de Construcciones Universitarias (hoy continua en la UNT, pero en otra área); Juan Carlos Reimundín, ex secretario administrativo; Horacio Alfredo Lobo, arquitecto e inspector de obra y Osvaldo Venturino, director de Inversiones y Contrataciones.

El primero en la lista de imputados que deberá declarar antes el juez federal N° 2, Fernando Poviña, a partir de las 9 es Juan Carlos Reimundín. Se trata de un ingeniero civil que posee una larga trayectoria en la universidad: fue decano y vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y miembro de la Academia Nacional de Ingeniería.

En 2013 fue reconocido como profesor emérito de la UNT e integró la Comisión de Honor del Centenario que organizó los festejos por los 100 años de la universidad, en mayo de 2014.

La causa YMAD

A los imputados se los investiga por irregularidades en el manejo de los fondos de YMAD, una empresa interestatal en la cual la UNT tiene participación junto con la provincia de Catamarca. YMAD controla la explotación minera “Bajo de La Alumbrera”, rica en oro y cobre. Un yacimiento que tiene como fecha de cierre definitivo mediados de 2017.

Los delitos que se les imputa son incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública y malversación de fondos, según el grado de participación de cada uno.

Es una causa amplia a la que se le han ido sumando pruebas e imputados. El primer llamado a indagatoria que realizó el fiscal federal, Carlos Brito, fue en 2014. Luego reiteró su pedido en agosto de 2015.

La justicia investiga cuál fue el destino de los $353 millones que se giró a la UNT en concepto de utilidades mineras, entre 2006 y 2009. También la colocación de parte de ese dinero en entidades bancarias de tercera y cuarta línea, conocidas como “cuevas”.

A su vez, la aplicación de esos fondos en una serie de obras que estuvieron bajo la órbita de Construcciones Universitarias.

En su momento, el fiscal Brito solicitó asesoramiento al Área de Delitos Contra la Administración Pública de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). El informe confirmó lo que la auditoría realizada por la Sindicatura General de La Nación (Sigen) ya había alertado: pago de sobreprecios en varias obras (en algunos casos alcanzaban el 194%). Esto derivó en la causa “Sigen”, que terminó acumulándose a la iniciada por un particular, Ramón Eudal.

La investigación de la Sigen sostiene que las autoridades de la UNT “crearon un mecanismo normativo paralelo con la finalidad de eludir los procedimientos (...) de la Ley de Obras Públicas”. El fiscal Brito destacó que esas resoluciones de las que dio cuenta el informe de la Sigen estaban firmadas por Cerisola y por el Ingeniero Reimundín, en su carácter de Secretario Administrativo.