BRASILIA Y SAN PABLO.- El escándalo de la corrupción en Petrobras retrocedió en el tiempo y golpeó a protagonistas del ‘mensalao’, la red de desvío de dinero del Partido de los Trabajadores (PT) que explotó en 2005, con la detención del ex secretario general de la fuerza, Silvio Pereira, y el dueño de un diario de la región del Gran San Pablo, en medio de la tensión política por el avance del juicio de destitución de la presidenta, Dilma Rousseff.

De madrugada, el juez Sérgio Moro, a cargo de la investigación por Petrobras, lanzó la fase 27 de la Operación Lava Jato (lavado rápido), golpeando a uno de los bastiones del PT, el cordón industrial de San Pablo y vinculando el actual escándalo del ‘petrolao’ con el ‘mensalao’ que estalló en el primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

En un escrito, Moro afirmó que “es posible” que pueda haber vinculaciones del escándalo de Petrobras y el lavado de dinero de constructoras para abastecer la política con el asesinato, en 2002, de uno de los coordinadores de la campaña de Lula a la presidencia, Celso Daniel, ex alcalde del municipio de Santo André, en el Gran San Pablo.

Como Pereira está sospechado de haber recibido dinero de la constructora OAS, el juez Moro determinó enviarlo a prisión, condenado por el escándalo del ‘mensalao’, y del empresario Ronan María Pinto, condenado por fraude con empresas de recolección de residuos y también dueño del ‘Diario do Grande ABC’ , principal periódico del cordón industrial de los municipios que rodean a la ciudad de San Pablo.

También fue llevado por la policía a declarar por la fuerza el periodista Breno Altman, director del sitio de noticias Opera Mundi y amigo de José Dirceu, quien fue jefe de gabinete de Lula hasta 2005, quien está detenido por el ‘petrolao’, por contratos sospechosos de consultoría con las principales empresas de ingeniería, para las cuales hizo lobby en América Latina.

Caos social
El regreso del fantasma del caso de Celso Daniel fue calificado por el PT como un intento de Moro de “instalar el caos social en Brasil”, en palabras de Paulo Pimenta, vicejefe del bloque de Diputados del oficialismo. Pimenta presentó ayer, ante el Consejo Nacional de Justicia, una denuncia contra Moro por haber realizado espionaje ilegal contra Rousseff y el estudio de abogados que defiende a Lula.

“Moro intenta un vínculo entre ‘Lava Jato’ y este episodio artificial. El crimen de Celso Daniel fue esclarecido. Hacer este vínculo es sembrar en la opinión pública más elementos de inestabilidad, de caos social y de odio”, sostuvo Pimenta.

El número mágico
En Brasilia, la comisión de juicio político, dominada por la oposición, anunció su intención de terminar los trabajos el próximo miércoles para tener listo, el lunes 11, el informe final que será enviado al plenario de la Cámara de Diputados para votar por la destitución de Rousseff.

La oposición necesita 342 votos para elevar a juicio del Senado a la mandataria, quien tiene la sesión del próximo lunes como su última chance para ir a Diputados y defenderse ante la comisión que resolverá si conforma el juicio político.

El Gobierno intentaba mediante sus negociadores -incluido el jefe de Gabinete designado, Lula da Silva- lograr apoyo para que la oposición no llegue al número mágico de 342, sobre todo porque se pasó a la oposición la dirección del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) del vicepresidente, Michel Temer.

Resistencia
Después de las manifestaciones de apoyo del jueves, en todo el país, Rousseff volvió a desplegar ayer una agenda de corte social y popular.

“Sabemos que, sin democracia, el camino de lucha por la igualdad y contra el prejuicio será mucho más difícil. Necesitamos estar atentos y ofrecer resistencia a las tendencias antidemocráticas y a las provocaciones”, sostuvo Dilma.

La mandataria llamó, durante un acto realizado en el Palacio del Planalto por la expropiación de tierras para la reforma agraria y para las comunidades rurales negras, a “impedir que la democracia sea manchada”, por lo que llamó “golpe” a su juicio político por supuesto incumplimiento a la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Durante ese encuentro social y político, habló uno de los coordinadores del Movimiento Sin Tierra, Alexandre Conceicao, quien adelantó un plan para “ocupar las calles” en manifestaciones contra el juicio político y a favor de la presidenta, Dilma Rousseff. (Télam)