El ministro fiscal, Edmundo Jiménez, reunió ayer a los fiscales de Instrucción de los tres centros judiciales de la provincia, para avanzar en una unificación de criterios para la aplicación de las modificaciones al Código Procesal Penal que aprobó en febrero la Legislatura.
A su criterio, la nueva normativa ya podría ponerse en práctica, a pesar de que le brinda a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia la facultad de dictar normas administrativas y crear los organismos necesarios para su puesta en funcionamiento.
“Esas modificaciones ya tendrían que estar aplicándose. Contamos con medios necesarios para implementar algunos de los nuevos principios que suma la ley, tendientes a descartar causas menores”, afirmó el titular de los fiscales y defensores públicos provinciales.
La Ley N° 8.849 incorporó al Código Procesal Penal (N° 6.203) el criterio de oportunidad, la conciliación y la mediación penal. Según Jiménez, con la estructura existente en el fuero penal, los fiscales pueden aplicar el primero, que permite que el instructor prescinda parcial o totalmente de la acción penal pública en determinados supuestos: cuando los hechos denunciados no afecten el interés público por insignificantes, o cuando por su intervención al imputado pudiera corresponderle simplemente una multa, inhabilitación o condena condicional.
El ex ministro de Gobierno de la Provincia admitió que sí será necesaria la participación de la Corte para implementar la mediación penal, ya que no existe la estructura necesaria en el fuero penal.
“Los fiscales tienen un exceso de trabajo. Con esto pretendemos que la carga disminuya al menos un poco, aunque sabemos que no se trata de una solución definitiva”, agregó el ministro fiscal.
En enero, Jiménez había manifestado que el fuero penal se encontraba en crisis, debido a una sobrecarga de trabajo provocada por el escaso número de fiscalías, las vacantes, y la falta de medios tecnológicos para investigar. Esto profundizó su enfrentamiento con los vocales del máximo tribunal provincial.