“Sin el aporte de un sector del empresariado, la dictadura no hubiese podido alcanzar la magnitud que tuvo”. Las investigadoras Silvia Nassif y Luz Palmas Zaldua aseguraron que parte del poder económico promovió el golpe de Estado de 1976 para imponer el modelo que le convenía. “Para eso, había que disciplinar a la mano de obra”, manifestaron.

Nassif, historiadora del Conicet, y Palmas Zaldua, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), investigaron la participación activa de 25 empresas en la comisión de delitos de lesa humanidad contra sus propios empleados.

- ¿Con qué se encontraron al investigar las empresas?

L.P.Z.: La investigación abarca a empresas de distintos tamaños y rubros, ubicadas en distintas regiones del país. Lo que tienen en común son las prácticas con las que aportaron a la consumación de crímenes de lesa humanidad contra sus propios trabajadores. Sólo en estos casos, hubo más de 900 obreros secuestrados, en algunos casos desaparecidos o asesinados, gracias al accionar específico de sus estructuras jerárquicas.

- Distinguen responsabilidad de complicidad...

S.N.: Hablamos de responsabilidad y no de complicidad. En todos los casos estudiados se vieron acciones sustanciales para la comisión de crímenes contra los obreros: desde aportar parte de un predio para la instalación de un centro clandestino de detención o camionetas para el traslado de secuestrados, hasta pasar a las autoridades militares listas de empleados.

- ¿Cuál fue la motivación de esas empresas para participar del accionar represivo de la dictadura?

S.N.: Obviamente cada caso presenta particularidades. Pero existía un interés general en los sectores que promovieron y consumaron el golpe de Estado de imponer un cambio en el modelo económico, en el sistema productivo. Y uno de los impedimentos más grandes con los que se toparon fue la clase obrera. En Tucumán no se puede entender la dictadura sin tener en cuenta la fortaleza que tenían algunas asociaciones de base, como la Federación Obrera de Trabajadores de la Industria Azucarera (Fotia), que pugnaban por imponer un modelo económico y social. Ahí es donde se ve la motivación entre los militares y una parte del empresariado: querían disciplinar a la clase obrera.

L.P.Z.: Se trataba de dos modelos políticos, sociales y económicos en pugna. Uno más vinculado a un sector concentrado de la economía y el otro más combativo, que peleaba por otro tipo de conquistas sociales y laborales. El común denominador del sector perseguido era que estaba organizado, ya sea en sindicatos, centros de estudiantes o en organizaciones político-militares.

- ¿Cómo se podría profundizar la investigación sobre responsabilidades civiles durante la dictadura?

L.P.Z.: Nuestra investigación se da en un contexto internacional favorable, ya que se está discutiendo violaciones a los derechos humanos cometidas por empresas. En la Argentina se creó una comisión que indagará sobre todas las políticas económicas, financieras, monetarias y fiscales, para saber a qué sectores se benefició, quiénes fueron sus impulsores. Eso permitirá conocer cuáles fueron los actores económicos principales durante la dictadura. Esa es una pata que siempre ha estado invisibilizada, ya que se trata de un poder vigente. Es muy difícil avanzar en la investigación sobre las responsabilidades de ese poder.

- ¿El cambio de signo político en la Nación podría perjudicar este tipo de investigaciones?

S.N.: Si bien el contexto político nacional no es el más óptimo, depende de la sociedad que se mantenga la búsqueda de la verdad y la memoria.

L.P.Z.: En los últimos años las políticas de memoria, verdad y justicia se transformaron en políticas públicas. Yo creo que tendría un costo político muy alto para el Gobierno de Mauricio Macri si intentara no avanzar o directamente retroceder con alguna de ellas.