Barack Obama pretende cerrar la prisión en la bahía de Guantánamo antes del final de su mandato y en ambos lados del debate, a favor y en contra, muchas de las afirmaciones se vienen abajo al momento del análisis.

Los republicanos que quieren mantener abierta la prisión dicen que sólo quedan allí los peores de los peores, pero hay docenas de detenidos de bajo nivel cuya transferencia se aprobó hace años y están varados por razones geopolíticas. Además, citan datos de la época de Bush para decir que los prisioneros liberados se unirán a organizaciones terroristas. Pero el gobierno de Obama ha realizado revisiones más rigurosas y certificó que es muy difícil que los liberados causen problemas.

No obstante, el argumento clave de Obama para cerrar la prisión en Cuba -que siga operando va en contra de “nuestros valores”- también se derrumba. El fin de Guantánamo no eliminará las principales quejas sobre derechos humanos, porque Estados Unidos seguiría reteniendo a varias docenas de prisioneros en detención perpetua, sin juicio y alimentando a la fuerza a quienes hacen huelga de hambre. Sólo que haría eso en una prisión en suelo estadounidense.

Hagamos un poco de historia. En enero de 2009, el recién investido presidente Obama ordenó el cierre de Guantánamo en un año. De los casi 800 detenidos bajo la administración de George W. Bush quedaban 242 reclusos. Sin embargo, los asesores del nuevo presidente advirtieron que -por distintas razones- sería imposible procesar a varias docenas de detenidos, pero a la vez era demasiado peligroso liberarlos.

Pragmático, Obama decidió que, por el momento, esos detenidos tendrían que permanecer encerrados sin un juicio. También aceptó el principio de que una comisión militar, y no un tribunal civil, juzgaría a algunos de ellos. ¿El motivo? Las normativas militares sobre las evidencias son más flexibles.

A partir de ese momento, el plan de Obama ya no podría ser un toque de clarín para restablecer los principios previos al 11 de septiembre del 2001 sobre el Estado de derecho y el valor de los derechos humanos.

Un martillo político

No mucho después de que Obama abandonara discretamente su argumento moral más fuerte en contra de la prisión, los republicanos descubrieron su potencia como un martillo político.

En enero de 2010, el republicano Scott Brown obtuvo una victoria sorprendente en elecciones especiales para llenar un escaño vacante de Massachusetts, un Estado de tradición demócrata. Las encuestas demostraron que ningún tema lo había impulsado más que el haber atacado a los demócratas por enviar terroristas a tribunales civiles nacionales en lugar de a Guantánamo. Brown había machacado con ese tema cuando se acusó a un nigeriano de haber intentado el ataque terrorista a un avión que se dirigía a Detroit en Navidad. Llevaba la bomba, según decían, en la ropa interior. Los críticos de Obama declararon que el aspirante navideño a terrorista había dejado de hablar porque le leyeron sus derechos y le proporcionaron un abogado. Eso evidencia -según ellos- a que los interrogatorios al estilo FBI no funcionan con los terroristas.

Cuando se juzgó a Ahmed Ghailani -ex detenido en Guantánamo- por su participación en el atentado contra una embajada estadounidense en África, el tribunal federal lo absolvió de casi todos los cargos. Los republicanos describieron al resultado como una victoria del acusado, que mostró que los tribunales civiles eran demasiado débiles para los terroristas. Pero lo cierto es que se mantuvo la acusación y al final Ghailani fue sentenciado a cadena perpetua.

Los fiscales civiles federales han sido despiadadamente efectivos y suman sentencias severas en una causa terrorista tras otra, incluida la pena de muerte para Dzhojar Tsarnaev, quien puso una bomba durante la Maratón de Boston.

A todos esto, ¿por qué Guantánamo? La aislada base naval estadounidense en Cuba parecía ofrecer una ventaja clave: el gobierno de Bush creyó que los prisioneros estaban más allá del alcance de cualquier tribunal. Una serie de fallos de la Corte Suprema demolió esos argumentos, estableció la jurisdicción de los tribunales y declaró la protección de la Convención de Ginebra para los detenidos.

Eso ayudó a convencer a Bush de tomar medidas para cerrarla; en sus memorias del 2010, escribió: “el centro de detención se había convertido en una herramienta de propaganda para nuestros enemigos y una distracción para nuestros aliados”. Son los mismos argumentos que todavía formula Obama.

Pareciera que será seguro que Estados Unidos seguirá reteniendo a algunos detenidos sin juicio cuando Obama deje el cargo, aunque es posible que la cantidad sea de cero con el sucesor. Sin embargo, los precandidatos republicanos a la presidencia tienen una visión diferente. “La vamos a llenar con algunos tipos malos”, le dijo Donald Trump a una multitud que lo vitoreaba en Nevada. También prometió reducir el costo de operación de la prisión -unos 40 millones de dólares mensuales- a “cacahuates”. No explicó cómo.