El miedo de los yerbabuenenses se ha canalizado, por estos días, en su Concejo Deliberante. Desde el lunes y hasta ayer, los ediles se reunieron, en más de una ocasión, para hablar sobre la inseguridad. Dos de ellos presentaron, incluso, un proyecto de ordenanza para que se declare al municipio en estado de emergencia por la preocupante situación.

Para empezar, el lunes escucharon a Carlos Picón, un abogado penalista que elaboró un proyecto de seguridad para esa ciudad. Durante su exposición, mostró un mapa de las zonas rojas, y dijo que, de acuerdo a datos recogidos por él, en Yerba Buena se produce un delito cada tres horas y media.

Al día siguiente, los ediles charlaron con Enrique Bulacios, el director de Seguridad y Defensa Civil municipal. “Se lo hizo llamar porque estamos preocupados. Vemos que los delitos se acrecientan”, relató el concejal Marcelo Rojas, de Cambiemos Yerba Buena. En su opinión, se debería crear una policía municipal, que sirva de soporte. “No podemos quedarnos de brazos cruzados. Le pedimos a Bulacios que tomemos medidas conjuntas”, añadió.

Y para continuar con esas repercusiones, ese martes se le puso el sello en mesa de entradas a un proyecto de ordenanza presentado por dos concejales: el radical Lucas Cerúsico y el macrista Pedro Albornoz Piossek quieren que se declare la emergencia en materia de seguridad.

En su propuesta, ambos instan a que se reasignen partidas presupuestarias y personal, para garantizar la seguridad. “Necesitamos intensificar los patrullajes policiales, aumentar la dotación y elaborar un mapa del delito”, sostiene Cerúsico.

Desde hace meses, el edil radical viene haciendo unos foros con vecinos. “Entre septiembre y noviembre del año pasado, llené 3.254 fichas de encuestas. El 78 % de los consultados respondió que había sido víctima de un robo. Y la mitad dijo que, alguna vez, le entraron a su casa”, detalló Cerúsico.

Cuando se le preguntó a Bulacios sobre esa iniciativa para declarar la emergencia (que todavía no tiene dictamen de comisión), contestó que le parecía un poco apresurada. “Estamos trabajando para darle soluciones a la gente. Incluso, evaluamos la implementación de una fuerza de apoyo. Pero hay cuestiones políticas de fondo, que se están discutiendo”, agregó.

Hace unas semanas, el intendente, Mariano Campero, mantuvo una conversación con representantes de la Cámara Tucumana de Seguridad Privada e Investigaciones, con el objetivo de intercambiar información y de delinear algunas ideas.

Al salir de esa reunión, precisó a este diario que la comarca pedemontana cuenta con unos 8.000 padrones con sistemas privados de vigilancia, de un total de 25.000. “Debemos ser el municipio que más paga en seguridad. Por eso, estamos tratando de coordinar acciones”, expresó el dirigente radical.

Campero adelantó también que en los próximos días invertirá en la compra de motos para entregarle a los policías motorizados y en la remodelación de las cuatro comisarías. “A corto plazo vamos a mejorar las condiciones de la fuerza de seguridad y la comunicación de ellos con los vecinos”, concluyó el jefe municipal.