“La Junta Electoral Provincial (JEP) realizó todas las actuaciones que han estado a su alcance para brindar un comicio ajustado a derecho y brindar a los partidos y a la ciudadanía las mejores condiciones para competir y participar”. Esta es una de las conclusiones del informe que la JEP elaboró sobre lo sucedido durante las convulsionadas elecciones provinciales del 23 de agosto. El presidente del organismo encargado de la organización y del control de los comicios, Antonio Gandur, entregó esta semana el documento de 30 páginas al gobernador, Juan Manzur. El análisis, que lleva las firmas de Gandur y de la vocal Ana María Rosa Paz, incluye un recuento de los acontecimientos que rodearon al proceso, sugerencias para el cambio del sistema y un balance del accionar de la JEP.

El informe detalla que hubo un escenario de convulsión política y mediática, sobre todo, durante los escrutinios provisorio y definitivo. En el contexto del tratamiento sobre el primer recuento, consigna que las denuncias de la oposición tuvieron relevancia mediática y produjeron confusión en la comunidad. Recordó que la noche de los comicios, los candidatos del Acuerdo para el Bicentenario a la gobernación (José Cano y Domingo Amaya) se presentaron en la sede del Correo -donde se llevaba adelante el proceso- para reclamar anomalías y la suspensión.

Consignó que cuando se detuvo de manera preventiva, faltaban 641 telegramas y que estos fueron los primeros en ser revisados en el definitivo: sólo cuatro fueron declarados nulos y en más de la mitad de las mesas no hubo observaciones por parte de las agrupaciones. “No obstante, la exclusión de los telegramas fue utilizado por los partidos para echar un manto de sospecha sobre todo el proceso y no como una respuesta de la JEP a la solicitud de mayor control. Diferentes partidos realizaron presentaciones para solicitar la nulidad o la apertura de todas las urnas. Las supuestas irregularidades quedaron diluidas al realizarse el escrutinio definitivo”, retrucó.

“Sin dudas”
Tras analizar la baja proporción de mesas objetadas o anuladas, concluye que el escrutinio final despejó toda duda sobre la existencia de un acto fraudulento. “Demuestra la amplia participación y el estricto control de los representantes partidarios. Resultaba incompresible observar la ejemplar participación de las fuerzas y el normal desarrollo del escrutinio definitivo y luego escuchar a través de los medios o en los estrados judiciales rimbombantes denuncias carentes de todo fundamento legal y fáctico que se contradecían con el cotidiano accionar de los fiscales de los mismos partidos que convalidaban diariamente cada uno de los guarismos”, describió.