En los corredores de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) sólo se hablaba de un tema: la decisión de solicitar el expediente penal que contiene el voto fallido del camarista Enrique Pedicone. La orden salió con la firma de Antonio Gandur, presidente del alto tribunal, una semana después de que Pedicone pusiese en conocimiento del cuerpo que no le habían dejado ejercer su deber de juzgar en uno de los casos que involucran a Guillermo Herrera, ex fiscal N°10.

El oficio está dirigido a Eudoro Albo, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, a quien Gandur ayer dio 48 horas para que busque la causa donde esta se encuentre y proceda a enviársela. Según consta en el juego de copias que había recibido la Corte Suprema por iniciativa de Pedicone, luego de que este invitase a sus pares Albo y Liliana Vitar a tratar el recurso de apelación que había deducido Diego López Ávila, fiscal N°4, la segunda se excusó -porque estaba en juego la intervención de su esposo, el fiscal Washington Navarro Dávila- y el primero dispuso la remisión del caso a la jueza Mirta Lenis de Vera. En consecuencia, el expediente en cuestión podría estar en alguno de estos tres órganos del fuero penal: la Cámara de Apelaciones, el Juzgado N°5 o la Fiscalía N°5, que encabeza Navarro Dávila.

Como en el trámite del pedido del caso intervino la Secretaría Judicial, es factible que la Corte baraje la posibilidad de emitir algún tipo de pronunciamiento. La semana pasada, Gandur había informado que él y los vocales Claudia Sbdar y Daniel Posse estudiaban alternativas para una causa con efectos sobre las otras pesquisas que implican a Herrera -cualquier definición exigiría, por lo pronto, integrar el alto tribunal con camaristas penales puesto que Sbdar y Posse están de licencia, y Antonio Estofán se excusa por amistad con el ex fiscal N°10; de este modo, sólo podría votar René Goane-. Acorralado por un sumario administrativo con resultado adverso y al menos cuatro acusaciones distintas formuladas por López Ávila, el funcionario imputado renunció a su cargo el 11 de septiembre pasado. Ese mismo día, el ex gobernador José Alperovich aceptó la dimisión.

Además de inédita, la situación expuesta por Pedicone presenta numerosos ribetes técnicos. Lo concreto es que el camarista que asumió en junio pasado vinculó los procederes del ministro público Edmundo Jiménez; del fiscal Carlos Sale; de la jueza Lenis de Vera y del letrado Tomás Robert respecto del mismo fin: garantizar la impunidad de Herrera. El ex legislador justicialista de Monteros cuestionó la decisión de Jiménez de asignar el caso a Sale, quien no sostuvo la apelación de López Ávila. Por esa razón, quedó firme la resolución de Lenis de Vera que apartó de la causa a López Ávila y la giró a Navarro Dávila, como había solicitado Robert, que renunció a la defensa de Herrera para asumir como relator de Jiménez. Pedicone apuntó que el dictamen de Sale consolidó también la decisión de la jueza de anular las declaraciones testimoniales de los imputados Roxana Teves y Jorge Rigourd: dijo que Teves nada tenía que ver con el caso en análisis “y sí con otra causa que, como es público e incluso consta en el acta de una auditoría encargada por la Corte, involucra a los propios hijos del ministro público Jiménez”.