Diciembre de 1989 fue el mes en el que el gobierno de Carlos Menem profundizó su divorcio con el legado estatista del peronismo clásico.
Los reclamos salariales de distintos sindicatos hostigaban al gobierno de José Domato.
En ese complejo cuadro sociopolítico, se inserta la protesta policial que jaqueó a la administración provincial y alarmó al ministro del Interior, Julio Mera Figueroa. En la Casa Rosada tomaron precauciones ante una probable sedición policial y su efecto negativo en el resto del país.
Fricciones
El jefe de policía, comisario general Leonardo Juárez desató una tormenta con el discurso que pronunció en la Semana de la Policía. Criticó la facilidad con que cuentan los delincuentes para obtener la libertad por la benignidad de los jueces. A los abogados les acusó de usar artimañas y argucias legales para detener los procedimientos.
Ante eso, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rodríguez Marañon, se retiró del acto. El Colegio de Abogados le exigió al PE el 2 de diciembre que destituya a Juárez, porque sus dichos agravian el sentir democrático del pueblo. Juárez acudió a la Corte para precisar sus conceptos. Con él fue Manuel Francisco, secretario de Gobierno. Se hicieron las paces, ya que Juárez negó haber enjuiciado al Poder Judicial y culpó a la legislación procesal penal por facilitar las excarcelaciones. Ese frente se calmó, pero pronto se activó otro.
Marcha policial
El malestar que germinaba en la fuerza de seguridad desde el 19, salió a la superficie al día siguiente,cuando policías uniformados y de civil marcharon frente a la Casa de Gobierno. La policía está equivocada, dijo Francisco El descontento con las retribuciones alimentaba la movilización.
El gobierno dispondrá todas las medidas para garantizar la seguridad, advirtió el secretario del área. Mientras tanto, mantenía contactos con el Ministerio del Interior. La Mutual de Policía y el Círculo de Suboficiales oficiaban de nexos con el Ejecutivo.
Es un panfleto, decían respecto de la petición de los insubordinados. Ellos demandaban un básico de 350.000 australes y la separación de Juárez. No hay problemas políticos, aseguraban sus voceros informales. Aprovechando el descontrol, se fugaron 10 presos de una comisaría. Los guardiacárceles de Vila Urquiza se sumaron ala rebeldía.
En la Casa Rosada tenían presente el conflicto de 1984. que tuvo en vilo a los gobiernos de Fernando Riera y Raúl Alfonsín. Desde el PE insistían en que había circunstancias políticas que excedían lo salarial, a la vez que avalaron a Juárez. Están fuera de contexto, refería Domato.
Fuerzas federales
Así estaban las cosas, cuando arribó a Tucumán Francisco Paz, subsecretario de Provincias, enviado por Mera Figueroa, para monitorear la situación. Unos 300 efectivos de la Policía Federal llegaron desde Córdoba para desalojar a los autacuartelados en Junín y avenida Sarmiento.
La provincia cumple con las pautas salariales de la Nación, precisó Paz. Según el funcionario ,menemista, a Mera Figueroa le preocupaba la crisis policial porque se daba en una ciudad con un importante índice de desocupación en el país, lo que la convertía en el potencial escenario de una conmoción social. Paz advirtió que la Federal intervendría si no había una morigeración de la actitud policial.
El 23 se llegó a un acuerdo con los autoacuartelados, con un básico salarial de 110.000 australes, financiado con fopndos federales o Aportes del Tesoro Nacional, además de un aumento especial. J
En un acto del 30 de diciembre, Francisco acusó a los rebeldes de estar incursos en el delito de sedición.