Steven Erlanger y Kimiko de Freytas Tamura

Impactados por la carnicería de los ataques registrados en París, Francia y Bélgica se movieron agresivamente para reforzar el movimiento de sus fuerzas de seguridad. Con ese ímpetu empujaron a Europa a un debate que ardió en EEUU desde el 11 de septiembre de 2001 respecto de cómo equilibrar esfuerzos de contraterrorismo con libertades civiles.

Con sus poblaciones pasmadas y nerviosas al tiempo que crece la presión política de la derecha, los gobiernos de Francia y de Bélgica dejaron en claro que, por ahora, antepondrán la protección de sus ciudadanos.

Con el tiempo, Estados Unidos se ha movido para aligerar algunos elementos de la Ley Patriota, aprobada como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre. En ese sentido, fueron incontrastables las evidencias de que se aplicó un masivo espionaje doméstico. Esto quedó expuesto a partir de las revelaciones de Edward Snowden, el ex contratista de la Dependencia de Seguridad Nacional (NSA) que filtró documentos.

Los sospechosos

Francia, Bélgica y Reino Unido, vapuleadas por el terrorismo, se movieron en otra dirección. Cada uno comenzó a actualizar y fortalecer el poder del gobierno, al tiempo que se debaten controles sobre los viajes exentos de pasaporte dentro del continente.

Desde los ataques en París, Francia ha usado los poderes de emergencia para detener a potenciales sospechosos de terrorismo. Pero encontrar el equilibrio entre los derechos individuales y las medidas antiterroristas se ha vuelto muy complejo.

Franceses y belgas se apresuraron a imponer nuevas medidas de seguridad y alterar sus estructuras legales y constitucionales. Mientras el Primer Ministro de Francia, Manuel Valls, advertía sobre la posibilidad de ataques químicos, la Asamblea Nacional de Francia votó, por 551 a favor, 6 en contra y una abstención, por extender durante tres meses un estado de emergencia nacional.

En Bélgica, el Primer Ministro Charles Michel dijo que se acelerarían los cambios legales para facilitar la captura y castigo de presuntos terroristas. Dijo también que buscaría cambios constitucionales para extender el tiempo que los sospechosos pueden permanecer detenidos sin que se entablen cargos en su contra.

Funcionarios del grupo Human Rights Watch en Bélgica advirtieron que las autoridades deberían asegurar que ese tipo de medidas no conducirán a detenciones indiscriminadas. “Cada vez que un país es atacado o amenazado, aparece el peligro de que los gobiernos exageren la reacción en un esfuerzo por hacer que la gente se sienta segura”, dijo Letta Tayler, referente de Human Rights Watch.

Bajo la emergencia, las autoridades tienen permitido conducir redadas y efectuar arrestos sin obtener primero una orden judicial. En Estados Unidos, las redadas de esa magnitud habían creado una andanada de críticas. Sin embargo, los franceses, sólo 10 meses después del ataque a la revista Charlie Hebdo y a un supermercado, han aceptado por lo general la aplicación de duras medidas como una necesidad.