Villavicencio podría dejar su lugar a Sacca
La Coordinadora provincial y representante legal del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujeres (Cladem), la abogada Celia Isabel Debono, recurrió al secretario electoral de los Tribunales Federales de Tucumán, Rogelio Rodríguez del Busto, para solicitar “tutela judicial efectiva” del artículo 37 de la Constitución Nacional, en lo que se refiere a la representación política de las mujeres. El recurso se relaciona con el caso de María Teresita Villavicencio de Altamiranda (foto), electa diputada nacional por el Frente Cambiemos. Según versiones periodísticas, ella renunciaría a la banca obtenida, con el objetivo de que asuma quien sigue en la lista, el actual diputado Luis Sacca, lo cual, según Cladem, vulneraría “las disposiciones legales”, es decir, el cupo femenino.
No obstante que Villavicencio dijo que asumirá en el Congreso -“me eligieron para estar ahí”, dijo-, por las consideraciones expuestas, la abogada Debono señala que “es claro que la efectiva tutela de la manda Constitucional que se solicita en el presente exordio, es de suma trascendencia para el Estado argentino y la plena vigencia de los derechos humanos de las mujeres, por lo que solicitamos, previo a la proclamación de los diputados electos, se proceda a citar a Villavicencio para recibirle declaración jurada de que asumirá y no renunciará a la banca para la que fue electa”. La maniobra reconoce como antecedente inmediato lo ocurrido en las elecciones de 2013. En esa oportunidad, resultaron electos diputados nacionales por el Acuerdo Cívico Social (antecedente de Cambiemos en el distrito) José Cano y Silvia Elías de Pérez. Ésta última asumió como diputada nacional, pero renunció inmediatamente para ceder su lugar a Juan Casañas. “Se consumó de esa forma una desvirtuación absoluta de los parámetros legales establecidos en la Ley 24.012, y mucho peor aún en una desobediencia palmaria de la manda constitucional reglada en el articulo mencionado, que enmarcan el derecho de las mujeres a participar, en condiciones generales de igualdad, por el acceso a los cargos públicos electivos”, expresa el escrito judicial. Por ello, desde Cladem consideran que la situación planteada configura un caso de fraude a la ley, “pues existe una vulneración del ordenamiento jurídico amparado en el cumplimiento de conductas no prohibidas”.