SAN JUAN.- La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial frenó una subasta de tierras en San Juan sobre parte de las cuales tiene reconocida posesión ancestral la comunidad indígena Sawa "Corazón Huarpe", en un fallo que ordenó al juez de primera instancia que explore alternativas de solución propuestas por la fiscalía.

La Sala B de la Cámara, en el marco de un juicio ejecutivo, hizo suyos los argumentos de la fiscal general Gabriela Boquín, informó hoy fiscales.gob.ar.

En la primera instancia del juicio por el pago de un contrato de compraventa se había suspendido la ejecución al comprobarse que el predio involucrado en la operación coincidía en parte con tierras relevadas y reconocidas por el Estado como de posesión ancestral de la comunidad huarpe Sawa, informó Télam.

La suspensión debía regir durante el plazo previsto por las leyes 26.160 y 26.554, que impide seguir acciones de desalojo en tierras ocupadas por comunidades indígenas, hasta el 27 de noviembre de 2017. En su apelación, los demandantes sostuvieron que podía subastarse porque la ley sólo impide el desalojo y no la venta y, quien comprase las tierras, lo haría sabiendo que había derechos litigiosos sobre parte de ellas.

Por su parte, la fiscal Boquín dictaminó que la suspensión de la subasta debería extenderse ?hasta tanto se arribe a una solución consensuada, con plena participación de todos los interesados", dando intervención a la comunidad Sawa, al Estado provincial y a las autoridades nacionales competentes por ley en la materia.

Boquín recordó que, a partir de los incisos 17 y 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional y de instrumentos internacionales que tutelan los derechos humanos de los pueblos originarios, "se abandonó definitivamente el enfoque que proponía la tesis integracionista de los pueblos indígenas y tribales, consagrándose un nuevo paradigma con el establecimiento del modelo de Estado intercultural y plural o de Estado Pluricultural".

Las pautas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre tierras de pueblos indígenas "deben ser criterio a seguir por parte de los jueces a quienes les corresponda resolver un conflicto como el aquí planteado", sostuvo Boquín, la recientemente designada titular del Programa de Protección de Consumidores y Usuarios.

La representante del Ministerio Público sostuvo, además, que el Estado debe adoptar medidas efectivas que posibiliten la real recuperación de tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas.

Entre otras medidas, propició que se tenga en cuenta el derecho territorial de la comunidad Sawa, declarado por la autoridad administrativa; la eventual compra por parte del Estado de las tierras en cuestión a fin de que sean entregadas a la comunidad o, si no fuera posible, la entrega de tierras alternativas que cuente con la plena conformidad de la comunidad, con "un plazo máximo dentro del cual se resuelva la cuestión, satisfaciendo todos los intereses en juego".