BUENOS AIRES.- El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat aseguró que, para que se dicte la nulidad general de un acto electoral, “el requisito mínimo es que haya una impugnación que supere la mitad de las urnas escrutadas”, y sostuvo que el fallo dictado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán no tiene “ningún soporte normativo ni dogmático”.
El abogado llamó a “no alentar el fantasma de una intervención federal” y sugirió que, en caso de que la Justicia no haya dado una respuesta definitiva sobre la validez de los comicios antes del 29 de octubre, fecha en que deben asumir las nuevas autoridades, se podría prorrogar el mandato del actual gobernador, José Alperovich.
“Mi opinión es que, en esto, hay que aplicar por analogía lo del derecho privado, entonces prosigue la autoridad en ejercicio hasta que se determine qué debe proceder o no”, postuló el letrado en declaraciones formuladas esta mañana a la FM radio Uno.
Allí, consideró “una pura creación indocumentada lo del fraude sistémico al que alude el fallo” dictado por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán. Incluso, Barcesat entendió que el propio contenido de esa sentencia, demuestra la existencia de “una colusión entre los amparistas y el Tribunal” que anuló los comicios y ordenó el llamado a nuevas elecciones.
Insistió con definir el fallo como un “acto de forum shopping que concede a los amparistas lo que no consiguieron en las urnas, pasando por alto y despreciando la voluntad del pueblo de Tucumán”, que es -afirmó- “la cosa más afrentosa que puede exhibir un expediente judicial”.
El abogado asistió al Frente para la Victoria (FpV) de Tucumán en las presentaciones que realizó ante la Corte Suprema de Justicia nacional, la Corte Suprema provincial y el fuero penal local. (Télam)