BUENOS AIRES.- El fiscal general ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, y los abogados que representan a las hijas y a la ex mujer de Alberto Nisman pidieron que la investigación por la muerte del fiscal deje de estar en manos de la fiscala de Instrucción, Viviana Fein y sea asumida por la jueza Fabiana Palmaghini. Fuentes judiciales informaron que así lo hicieron las partes ante los jueces de la Sala V de la Cámara, Marcelo Lucini, Mario Filozof y Luis Bunge Campos, quienes tienen cinco días para resolver el pedido.
Los abogados Juan Pablo Vigliero, Manuel Romero Victorica y Federico Casal -quienes representan a Sandra Arroyo Salgado, ex mujer de Nisman, y a las dos hijas- plantearon los argumentos de la querella para pedir que la fiscal deje de ser la funcionaria a cargo de la investigación. A este pedido se sumó Sáenz, uno de los organizadores de la marcha del 18 de febrero pasado en homenaje al fallecido fiscal, quien hasta ahora venía sosteniendo que la causa debía quedar en manos de Fein. Sin embargo, el jueves, en un dictamen de 16 páginas, Sáenz se inclinó por reclamar que sea Palmaghini la que continúe con la causa.
Según planteó, la causa tiene un imputado, el técnico informático Diego Lagomarsino, y por lo tanto el expediente no tiene un autor desconocido, situación prevista por el Código Procesal Penal para que el caso esté a cargo de la Fiscalía. El fiscal sostuvo que si bien Lagomarsino está imputado por entregarle a Nisman el arma con la que murió y no por su homicidio, la causa es una sola y los hechos no se pueden separar.
Deberán declarar
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral citó a prestar declaración indagatoria por “lavado de dinero” a la madre del difunto fiscal Nisman, Sara Garfunkel, y a otros tres allegados al ex titular de la UFI-AMIA. Se trata de la hermana de Nisman, Sandra; del empleado informático Lagomarsino, y del empresario Alejandro Picón, quienes fueron citados entre el 8 y el 15 de setiembre próximos. Las indagatorias habían sido pedidas por el fiscal federal Juan Zoni, quien sostiene que los cuatro imputados fueron “testaferros” de Nisman, quien tenía un patrimonio real que no condecía con sus ingresos reales como representante del Ministerio Público. El juez hizo lugar a los pedidos de embargo, que en total trepan a $ 80 millones.
Canicoba también ordenó que se les prohibiera la salida del país a los cuatro imputados y notificó de la decisión a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal y Dirección Nacional de Migraciones. (DyN)