El magistrado Gilmar Mendes, del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, le pidió a la Fiscalía y a la Policía que se investigue la campaña que terminó con la reelección de la presidenta Dilma Rousseff, para esclarecer si se cometieron actos ilícitos.

En un documento enviado a la Fiscalía y a la Policía Federal brasileñas, citado por medios locales, Mendes pidió que se esclarezca si la campaña electoral de Rousseff de 2014 se benefició de dinero obtenido en la trama de corrupción de la petrolera estatal Petrobras, informó Télam.

"Además de la violación en la legislación electoral, hay potencial relevancia criminal en las conductas", destaca el magistrado en el informe, en el que reseñó una declaración del empresario Ricardo Pessoa, dueño de la empresa de energía UTC, que aseguró que donó a la campaña de Rousseff 7,5 millones de reales (unos 2,1 millones de dólares) provenientes de la corrupción en Petrobras. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia emitió un comunicado en el que reiteró que todas las contribuciones y gastos de la campaña de 2014 fueron presentados al TSE, órgano que, "tras rigurosa revisión, aprobó las cuentas por unanimidad".

El Gobierno de la presidenta Rousseff atraviesa uno de sus peores momentos, erosionado por la delicada situación económica que atraviesa el país, pero también por los cruces entre el Ejecutivo y el Congreso a partir de las denuncias por Petrobras.

Medio centenar de dirigentes, la mayoría de la base aliada de Rousseff, están siendo investigados por haberse beneficiado de una red de corrupción en la petrolera estatal, desde donde se acordaban sobreprecios en obras para desviar el dinero agregado.

Uno de los investigados es el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ex aliado del gobierno y ahora duro opositor, quien esta semana fue denunciado ante la Corte Suprema de Brasil por corrupción y lavado de dinero.

El presidente de los Diputados, segundo en la línea de sucesión y de quien depende la apertura de un juicio político con fines de destitución contra el jefe de Estado, rechazó que pueda adoptar represalias por un supuesto complot en su contra que atribuye al Gobierno.

El diputado, a pesar de formar parte del aliado Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente Michel Temer y la principal fuerza de la coalición que respalda a Rousseff, anunció su postura personal de oposición al Ejecutivo.

Hoy, el senador Randolfe Rodrigues advirtió que Rousseff continuará sujeta a ataques desestabilizadores mientras Cunha siga en el cargo.

"El tercer cargo en la línea sucesora de la República no puede ser ocupado por alguien que ha sido acusado con cargos serios, graves, por la Procuraduría General de la República", reforzó el legislador, en declaraciones a la agencia Ansa.

Parte del blanqueo del dinero sucio fue realizado, según el procurador Rodrigo Janot, mediante el depósito en las cuentas bancarias de la iglesia evangélica Asamblea de Dios, que lo habría como parte del diezmo que recibe de sus fieles.

Unos 40 parlamentarios del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), y otras fuerzas políticas impulsan un proceso contra Cunha en la Comisión de Etica de la Cámara Baja, que podría derivar en su destitución y suspender sus derechos políticos, como ya ocurrió con otros congresistas en casos similares.

Las presiones, igualmente, no parecen amedrentar al poderoso Cunha, que ayer encabezó un acto en la organización gremial opositora Fuerza Sindical donde fue ovacionado por el público al que le prometió seguir en el cargo.

El pedido de investigación del juez Mendes se suma a cuatro pedidos de investigación similares impulsados ante el Tribunal Superior por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Los socialdemócratas y otros partidos opositores menores que también defienden la impugnación del mandato de la presidenta o su renuncia aguardaban el parecer del TSE y también esperan el del Tribunal de Cuentas (TCU) -que investiga presuntas irregularidades en las finanzas del gobierno en 2014- para tener fundamentos jurídicos que allanen el camino hacia un juicio político contra Rousseff.