BUENOS AIRES.- El último año del Gobierno nacional será recordado por una agenda parlamentaria marcada por el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y por el acuerdo generalizado del arco político en diversas iniciativas de envergadura. Este año, la actividad parlamentaria comenzó antes de lo previsto por la inesperada muerte del fiscal Alberto Nisman, justo un día antes de la exposición que tenía programada en el Congreso para detallar su denuncia contra la presidenta, Cristina Fernández, por “acordar la impunidad” de Irán en la causa AMIA.

Se instaló entonces uno de los temas menos tocados por la clase política y la sociedad: las actividades de inteligencia del Estado. La ley de reforma que promovió la Casa Rosada transparentó aspectos del trabajo de los espías y traspasó del Poder Judicial al Ministerio Público Fiscal el sistema de escuchas telefónicas, en medio de las denuncias cruzadas por la connivencia entre políticos, jueces y agentes de inteligencia en actividades ilegales por pujas de poder.

Iniciado el período ordinario en marzo, el kirchnerismo reafirmó a la Corte Suprema de Justicia como uno de sus principales adversarios, a quien acusa de “resistir” la “democratización” de los tribunales. En este marco, intentó sin éxito conseguir los votos para aprobar el pliego de Roberto Carlés, para ocupar la vacante en el máximo tribunal. El mérito lo tiene la oposición, que se comprometió a bloquear cualquier designación antes de que asuma el próximo gobierno.

Luego vinieron las leyes que acompañarán la implementación del Código Procesal Penal, el cual reemplazará el viejo sistema inquisitivo por otro acusatorio, donde los jueces se limitarán a juzgar y los fiscales a investigar. Según el discurso oficial, se agilizarán las causas, las víctimas podrán participar de la investigación y habrá mayor publicidad del trámite procesal.

Aunque este cambio es aprobado por las comunidades judicial, académica y política, sólo dos de las cinco normas salieron con respaldo opositor: las reformas del Ministerio Público de la Defensa y del Código Penal.

En soledad, el oficialismo aprobó la ley que regula la implementación del nuevo Código, la reforma al Ministerio Público Fiscal y el régimen de organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal, que la oposición objetó por la presunta acumulación de poder en manos de la Procuraduría General, además de cuestiones técnicas.

Subrogancias

Junto a estas leyes fue aprobada otra que recrudeció las denuncias de la oposición por el intento oficial de “copar” los tribunales con magistrados afines, atento a la transición de Gobierno. Se trata de la Ley de Subrograncias, que en caso de un apartamiento permite al Consejo de la Magistratura determinar un reemplazante, por mayoría absoluta de los miembros presentes, con un juez o jueza de igual jurisdicción o con un miembro de la lista de conjueces confeccionada por el Gobierno nacional con acuerdo del Senado. A poco de ser aprobada, la norma se aplicó para el desplazamiento de Luis María Cabral del cargo de subrogante que ejercía en la Sala I de la Cámara de Casación Penal, justo cuando el magistrado debía pronunciarse sobre la constitucionalidad del acuerdo con Irán.

A la par, el kirchnerismo en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se hizo eco de las versiones que indican que el juez supremo Carlos Fayt, de 97 años, no estaría en condiciones físicas y mentales de ejercer semejante cargo.

Así, tras la re-reelección anticipada de Ricardo Lorenzetti como titular de la Corte, los diputados “K” iniciaron una investigación para determinar la idoneidad del veterano magistrado.

Omisiones

Una de las omisiones más notables del primer semestre son los informes mensuales que debía brindar el jefe de Gabinete al Congreso. El año pasado, Jorge Capitanich se consagró como el primer ministro coordinador en cumplir con lo prescripto por la reforma constitucional de 1994. Pero lejos de esta situación, ni siquiera el arco opositor se molestó en reclamar la presencia de Aníbal Fernández.

Vale recordar que, el año pasado, hubo ocasiones en que la oposición se negó a participar de las sesiones informativas en rechazo a la modalidad de las interpelaciones. Pero ahora, concentrados en la campaña electoral, los legisladores renuncian a su derecho y obligación constitucional. (Parlamentario.com)