Los fríos pasillos del Palacio de Tribunales estaban vacíos y el único movimiento que se observaba en todo el edificio, momentáneamente paralizado por la feria judicial, era el producido por los periodistas que ocupaban el primer piso. Cámara y micrófono en mano, esperaban que finalizara la reunión entre miembros de la Corte Suprema de Justicia, fiscales y representantes del Poder Ejecutivo.

El encuentro, que había comenzado puntual, a las 10, se había extendido por más de una hora y media. Se había desarrollado a puertas cerradas y sin la presencia de nadie ajeno a la reunión. Como no se trataba de un acto protocolar, las cámaras no estaban permitidas y nadie estaba autorizado para tomar registro del cónclave.

Cuando por fin se abrieron las puertas, el vocal Dante Ibáñez fue el primero en salir, pero no se detuvo a hablar con la prensa. Por detrás aparecieron los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni, los autores del hábeas corpus correctivo que presentaron contra el Poder Ejecutivo para pedir que no haya más detenidos en las comisarías.

“Se escuchó la propuesta del Ejecutivo y se pidieron una serie de medidas de prueba”, resumió López Ávila. “La gente del Poder Judicial está muy interesada en que esto se resuelva a la brevedad”, observó el fiscal. Giannoni, por su parte, comentó: “me pareció totalmente alentadora la reunión. El Ejecutivo presentó una propuesta de traslado de presos que se va a ir trabajando”. Consultada sobre los detalles de esa propuesta, la fiscala explicó que “se habló del traslado de todos los presos de las comisarías en el término de un año” y que “la Corte va a establecer las condiciones”.

Tres etapas

Los dos fiscales fueron los últimos en salir de la sala. Momentos después se conoció que el resto de los funcionarios que participaron del encuentro había decididido bajar por el ascensor privado de la presidencia para eludir a los periodistas. Más tarde, sin embargo, el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Jorge Gassenbauer, convocó a una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.

“Creo que ha sido una audiencia positiva. Llevamos un plan tendiente a que, en el plazo de un año, los 650 detenidos que hoy están en comisarías estén alojados en las instituciones del servicio penitenciario, tanto en Tucumán como en la ciudad de Concepción”, anunció.

Ese plan, según explicó Gassenbauer, consta de tres etapas. “Una primera etapa, en un plazo de 50 días, implica el traslado de 200 detenidos al penal de Villa Urquiza. Esto ya se puso en marcha hoy y 23 detenidos fueron trasladados. Después nos tomaremos 120 días para trasladar a otros 150 detenidos, con lo cual un 50% de la población que tenemos en comisarías estaría alojada en instituciones del servicio penitenciario”, indicó.

La tercera etapa concluiría con la inauguración de la alcaidía, el año que viene. “La idea es que se adjudique la semana que viene la obra de la alcaidía, que tiene un plazo de ejecución de nueve meses. Podemos decir que a esta altura del año que viene todos los detenidos que hoy están en comisarías estarán alojados en instituciones del servicio penitenciario. Ya está el lugar y están los planos aprobados. Hoy el expediente está en el Tribunal de Cuentas y, si vuelve sin observaciones, estaremos la semana que viene adjudicando para que comiencen las obras”, agregó el ministro.

Gassenbauer reconoció que ese proyecto era una materia pendiente. “En un principio la construcción de la alcaidía fue un pedido expreso de los policías porque, al estrés laboral de ser policías tienen que agregarle el de cuidar presos. Gestionamos esto ante el Ministerio de Justicia de la Nación y ahora estamos a días de empezar la obra para que los detenidos tengan la comodidad y la reinserción que merecen, y para quitarles a los policías una carga que les genera mucho estrés”, sostuvo.