En silencio, los ocho citados a la audiencia escucharon las indicaciones del presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur. Comenzó con la lectura del hábeas corpus que habían presentado los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni, y siguió con el informe que había elevado el Gobierno en respuesta a esa presentación.

En un marco respetuoso, pero sin que faltaran los cruces de opiniones, se realizó ayer la audiencia en la que se debatió sobre la crisis carcelaria, y por la que la Corte Suprema de Justicia tendrá que dictar una sentencia. La reunión comenzó a las 10 y finalizó a las 11.30.

Luego de las lecturas de las dos presentaciones, tomó la palabra López Ávila. El fiscal de Instrucción, según contaron algunos de los asistentes a la audiencia, puso en duda el número de detenidos que había en las comisarías, de acuerdo al informe del Gobierno. La secretaría de Seguridad Ciudadana había comunicado que eran 676 los alojados en dependencias policiales, y López Ávila habría asegurado que, de acuerdo a la información con la que cuenta, en ese listado faltarían los detenidos por contravenciones.

La posición de los denunciantes, que presentaron el hábeas corpus luego de la muerte durante un motín de dos detenidos que estaban alojados en el calabozo de la Brigada de Investigaciones Norte, fue sostenida por Giannoni. La fiscala describió las condiciones de hacinamiento en las que están los presos en las comisarías, e informó que la situación no es nueva y que desde hace tres años lo comunica sistemáticamente a las autoridades. Giannoni habría protestado porque el último informe que envió en septiembre de 2014 aún no fue respondido por el Poder Ejecutivo.

Respuesta oficial

La voz principal del Poder Ejecutivo la tuvo el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Jorge Gassenbauer, quien estuvo acompañado por el fiscal de Estado Jorge Posse Ponessa, por el secretario de Derechos Humanos Humberto Rava y por el director de Institutos Penales Guillermo Snaider.

El ministro reiteró los plazos que estaban descriptos en el informe que ya habían presentado tras el hábeas corpus, y enumeró las obras que se iban a realizar. Fue en ese momento que habría intervenido la fiscala de Cámara Juana Prieto de Sólimo, quien concurrió en representación del ministro Fiscal Edmundo Jiménez.

Prieto de Sólimo quiso saber detalles de los plazos de las obras de mejoras de Villa Urquiza, y ante la falta de precisión que habrían tenido las explicaciones de los funcionarios, el presidente de la Corte, según contó uno de los presentes, pidió que esos detalles consten por escrito.

Los funcionarios del Poder Ejecutivo habrían admitido que las condiciones de alojamiento de detenidos en las comisarías era tal como la relataron los fiscales denunciantes. Entre otros puntos, Gassenbauer habría opinado que la demora en dictar sentencias motivaba que existan muchos presos con prisión preventiva (sin condena).

Eso dio pie a la intervención del camarista Dante Ibáñez, quien le habría recriminado al Gobierno que desde el año pasado tiene a su disposición las ternas para cubrir dos vocalías de la Cámara Penal, y que sin embargo no eleva el nombre a la Legislatura para cubrir la vacante. Ibáñez citó el caso de la sala II de la Cámara Penal, que tiene un sOlo vocal (Eduardo Romero Lascano).

Medidas

La Corte Suprema no tiene un plazo para dictar sentencia sobre el tema, y no se descarta que solicite nuevos informes o que se produzcan nuevas pruebas. Durante la audiencia, los fiscales Giannoni y López Ávila pidieron que se realice una inspección en las comisarías para conocer el verdadero estado en el que se encuentran.

Por el máximo tribunal estuvieron presentes el presidente Gandur y los vocales Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse (René Goane se encuentra de licencia por la feria judicial). Gandur coordinó la audiencia y los otros miembros se limitaron a escuchar las posiciones. La excepción fue Sbdar, quien antes de que termine la reunión le reclamó al Poder Ejecutivo la reglamentación de la ley de prevención de la tortura, que crea una comisión que tendría capacidad para realizar visitas a los lugares de privación de libertad.

Esa ley fue sancionada en 2012, y el año pasado el gobernador José Alperovich había informado que le había solicitado a Rava que reglamente la ley. Esto no se llevó a cabo, y ante el reclamo de ayer de Sbdar, el secretario de Derechos Humanos guardó silencio.