Existe un conflicto territorial por la “ciudad sagrada de Quilmes”, en los Valles Calchaquíes. También existen dos sectores que se adjudican ser las autoridades de la Comunidad India Quilmes. Juan Santiago Santos asegura que es el cacique, en tanto que otro sector sostiene que ese cargo es ostentado por Francisco Chaile.
La disputa tomó relevancia a principios de junio, cuando Chaile y otras 11 personas fueron detenidas, acusadas de haber ingresado al predio de las Ruinas de Quilmes con armas de fuego, amenazar a los que estaban allí en ese momento y robar artesanías y dinero. Esa es la versión que figura en la resolución de prisión preventiva que dictó el juez de Instrucción del Centro Judicial Monteros, Mario Velázquez.
La detención de Chaile llevó a que los miembros de la Asamblea de Caciques de la Unión de Pueblos Diaguitas (UPND) se organizaran para interrumpir el tránsito en la ruta 307 a principios de esta semana. Después, el miércoles, marcharon hasta la plaza Independencia y fueron recibidos por el secretario de Gobierno, Marcelo Caponio.
Además, el intendente de la localidad bonaerense de Quilmes, Francisco Gutiérrez, presentó un escrito al juez Velázquez solicitando la inmediata libertad de Chaile, al igual que otras organizaciones sociales. Gutiérrez afirmó que también le pidió al gobernador José Alperovich que intervenga en el caso.
La acusación
La fiscala de Instrucción Mónica García de Targa imputó a Chaile, Darío Ramón Guanca, Joaquín Alejandro Ávalos, Segundo Pedro Santana Campos, Ariel Omar Albornoz, Belén del Valle Santana Campos, Gustavo Fabián Pastrana, Adel Edgardo Maita, Juan Eduardo Ruiz, Esteban Daniel Garnica y Rodrigo Alejandro Rodríguez y Cristian Gustavo Santana, que el 6 de junio a las 18.20 llegaron al predio de las Ruinas de Quilmes (a la altura del kilómetro 4.297 de la ruta 40) junto a otras siete personas que no han sido identificadas.
El grupo, según documentó Gendarmería Nacional y personal de la comisaría de Colalao del Valle, irrumpió en el predio con armas de fuego, palos y “tumberas”. Golpearon a las personas que se encontraban en la administración y tomaron el dinero (unos $ 3.000 de la recaudación del día). El hecho siguió en el bar del lugar, en el que se estaba desarrollando una supuesta asamblea de la comunidad indígena, donde desalojaron a todos los presentes, siempre de acuerdo con la imputación formulada por la fiscala. Los puestos en los que venden artesanías y vinos también habrían sido saqueados.
Los tiros habrían sido escuchados por una persona que llamó a la comisaría de Colalao del Valle, y los policías pidieron colaboración al puesto de Gendarmería. Cuando llegaron, lograron reducir a los 12 sospechosos.
Las supuestas pruebas
En la resolución de prisión preventiva, Velázquez aseguró que son coincidentes tanto lo descripto en el acta de Gendarmería, como en las declaraciones testimoniales que dieron las personas que estaban en el predio, y que el dermotest (pericia que se realiza para determinar si una persona tuvo contacto con un arma de fuego) dio positivo en siete de los acusados.
Además, fuentes judiciales contaron que un menor de edad que había sido detenido como integrante del grupo de Chaile, habría descripto en su declaración cómo se había organizado la irrupción al predio de las ruinas de Quilmes.
Los abogados defensores de Chaile y de Ávalos (Héctor Javier Racedo y María Belén Leguizamón por el primero, y Roberto José Vicic por el segundo) sostuvieron que no había elementos que prueben la participación de estos acusados en el hecho que se investiga. En cuanto a Chaile, incluso, los letrados aseguraron que todo fue orquestado para incriminarlo.
“Lo cierto es que, en el caso de autos, si bien existiría un conflicto entre los caciques Santos y Chaile, en la presente investigación penal preparatoria, estaríamos en presencia de un hecho del cual habría tomado parte el cacique Chaile junto con un grupo de personas ajenas a la comunidad indígena”, dice en la resolución del juez. Este hecho es, según García de Targa y Velázquez, el robo agravado por el uso de arma y en despoblado y en banda en grado de tentativa en concurso real con el delito de amenazas de muerte agravada por el uso de arma.
Velázquez, finalmente, le solicita a la fiscala que lo más “prontamente posible” eleve la causa a juicio oral, para que una sentencia defina la responsabilidad penal de los 12 acusados.