Durante la semana que se despide asomó la primera polémica fuerte en el marco de la reforma del estatuto de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), que está llevando adelante la Asamblea Universitaria. El miércoles, en su última sesión plenaria, el cuerpo decidió que el preámbulo no incluya el concepto de ingreso irrestricto. La votación resultó reñida: 57 a 53. A ese encuentro faltaron más de 40 asambleístas.

En general, quienes se pronunciaron por la inclusión de tal consigna en el texto argüían la necesidad de que el nuevo estatuto de la UNT asuma una posición político-ideológica en defensa del libre acceso del ciudadano a la educación superior. Los que se inclinaron por excluir del preámbulo este concepto fundaban su posición, mayormente, en cuestiones legales y en que, en los hechos, ya algunas facultades de la UNT sostienen algún tipo de restricción en el ingreso. Caso paradigmático es Medicina, que además de un examen de ingreso eliminatorio fija un cupo de unos 250 lugares por año.

“No es lo mismo público y gratuito (N. de la R.: tales conceptos sí figuran en el preámbulo) que ingreso irrestricto; porque puedo no cobrar, pero poner un examen de ingreso o cupo. Soy partidaria de una universidad comprometida con las clases menos beneficiadas de la sociedad. Creo en el ingreso irrestricto”, dijo Griselda Barale. “La educación es un Derecho; y nosotros no podemos limitarlo”, afirmó Esther Ferreyra.

“La ley da atribuciones a las facultades para que definan su política de ingreso. Suponiendo que estas deleguen a esta Asamblea tal atribución, ¿qué pasa si en el futuro alguna gestión quiere implementar curso de ingreso?”, advirtió Gustavo Wallberg.

Conocida la decisión de la Asamblea empezaron a leerse fuertes críticas, en especial por redes sociales. La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt) y varias agrupaciones estudiantiles se pronunciaron en contra. En algunas facultades se hicieron asambleas, para debatir acciones tendientes a que el cuerpo revierta aquella decisión. La próxima sesión de la Asamblea se realizará desde las 8 del miércoles, en Económicas.

LA GACETA consultó sobre este tema a Adiunt, a la Asociación del Personal de la UNT (Apunt) y al vicerrector de la UNT, José García, presidente de la comisión ejecutiva que orienta el proceso reformista. Este último prefirió no participar, según señalaron desde el área de prensa. Las opiniones de los gremios se consignan en notas aparte.

El derrotero del concepto
Aunque los cuestionamientos hacia las restricciones en el ingreso datan de la Reforma Universitaria de 1918, el reproche se masifica hacia mediados del siglo pasado. En 1947, durante el primer de Juan Domingo Perón, se reforma la Ley Avellaneda, que había regido entre 1885 y 1947; es decir, incluso después de la Reforma del 18. La Ley Avellaneda preveía que cada unidad académica regule las condiciones para el ingreso de los estudiantes. La ley peronista, N° 13.031, cedía al Consejo Nacional Universitario la potestad de fijar las condiciones de acceso a las universidades nacionales (UUNN). Este cuerpo había impulsado un examen de ingreso en 1950, pero presiones de estudiantes hicieron que este caiga tres años después; según diversas fuentes, la matrícula prácticamente se triplicó entre 1947 y 1955.

La llamada Revolución Libertadora reinstala los exámenes de ingreso, que se mantendrían incluso durante subsiguientes Gobiernos constitucionales. Con el retorno de Perón se sanciona la Ley N° 20.654. El artículo 36° de esta da cuenta de que ya no se trataba del peronismo de 1947: “...se podrán exigir estudios complementarios o cursos de capacitación, antes de aceptar la incorporación de alumnos...”.

Durante la última dictadura se da el pico de restricciones. El Gobierno militar modifica o deroga varios artículos de la última ley peronista; pero no toca los referidos al ingreso de los alumnos. Con el retorno de la democracia vuelve el libre acceso a las UUNN, por un tiempo: a mediados de los 80 varias comienzan a aplicar restricciones al ingreso.

Actualmente rige la Ley N° 24.521 (de Educación Superior), sancionada durante el menemismo. Para el caso de las UUNN grandes, esta norma permite que cada facultad fije, entre otros, el sistema de ingreso que considere (Ver: “Lo que dice la ley vigente”).

La voz de los no docentes: "Algunos sectores quieren que el pueblo no tenga la capacidad”

El titular de la Asociación del Personal de la UNT, Ángel Morales, rechazó la decisión de la Asamblea de no incluir el concepto de ingreso irrestricto en el preámbulo. “La universidad debe ser pública, abierta, sin restricciones, sin examen de ingreso y gratuita. Y no se debe cupificar; no le puedo decir a un alumno que no entra porque no hay lugar”, afirmó. Admitió que, para ayudar a alumnos que no llegan bien formados podrían darse cursos niveladores, pero aclaró que no deben ser obligatorios. Y cargó contra miembros de la Asamblea: “algunos sectores tienen una tendencia a la privatización, quieren que el pueblo no tenga la capacidad; debemos ver el fondo de la cuestión, no intereses personales”.

Lo que dice la ley vigente: Una norma “menemista”, que el kirchnerismo nunca derogó o modificó

La Ley de Educación Superior (24.521) rige el actual sistema universitario. Pese a las masivas marchas, en especial del movimiento estudiantil, contra la norma, entró en vigencia en agosto de 1995: durante el menemismo. Y aunque en el kirchnerismo algunas voces prometían derogarla ningún proyecto se debatió en el Congreso. La ley pareciera liberar el acceso a la universidad: su artículo 7° pone de condición el secundario aprobado, y sólo prevé algún examen para el mayor de 25 años sin secundario completo que quiera ingresar. Pero el artículo 50° dice: “en las universidades con más de 50.000 estudiantes (como la UNT), el régimen de admisión (...) de (estos) será definido (por) cada facultad”.

La palabra de Adiunt: “Estamos frente un notable avance contra la universidad estatal”

“El preámbulo es una declaración de principios; en él deben figurar el carácter público, la gratuidad en todo nivel, el ingreso irrestricto: hacen a la esencia de la universidad”, dijo el titular de Adiunt, Ariel Osatinsky. “La decisión de no incluir este concepto refleja que un sector importante de la Asamblea pretende avanzar con la privatización de la educación superior. Estamos ante un notable avance contra la universidad estatal, que forma parte del ajuste presupuestario al que nos quieren condenar el Gobierno y las autoridades de la UNT. Se debe triplicar el presupuesto para contar con infraestructura, plantel docente y elementos necesarios que garanticen a todos acceder a la educación universitaria”, dijo.