La auditoría ordenada por Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en expedientes de la Fiscalía de Guillermo Herrera sufrió un traspié. Sucede que el ministro público Edmundo Jiménez se negó a desprenderse de los casos objetados por el Colegio de Abogados de la Capital. Diversas fuentes judiciales manifestaron concretamente que el jefe de Herrera se opuso a que los auditores sacaran los papeles de la sede que ocupa el Ministerio Público. Gandur confirmó ayer esta situación a partir de una consulta de LA GACETA.
Jiménez, a quien este diario intentó contactar infructuosamente durante la semana que pasó, habría argumentado que el traslado de los expedientes lesionaba la reserva y la seguridad de las investigaciones. En la resolución de presidencia del 14 de abril, Gandur había dispuesto que los auditores analicen las actuaciones “Jorrat”, “Valdez”, “Rigourd”, “Teves” y “Albarracín” (las denominaciones entrecomilladas responden al apellido de los imputados y no necesariamente a las carátulas de los expedientes). Tales casos habían sido mencionados por Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, al ampliar la denuncia contra Herrera -ese abogado también cuestionó al fiscal Alejandro Noguera por su intervención en la causa “Jorrat”-.
Interlocutores de Tribunales comentaron que Herrera y Jiménez pretendían que los auditores trabajasen en la dependencia del primero y que estos se retiraron alegando de que no podían realizar el control en el ámbito físico del funcionario auditado. Además, esgrimieron la necesidad de sacar copias de los papeles, que siguen en poder de Herrera, y cuya compulsa es de importancia capital tanto para la fiscalización administrativa que abrió Gandur como para la investigación penal a cargo de Diego López Ávila, fiscal de Instrucción de la IV Nominación.
En la Corte ayer preparaban una nueva resolución. Gandur dijo que aguardaba un informe de los auditores para adoptar una decisión respecto de la reticencia de Jiménez, que se hizo cargo de la jefatura de los fiscales y defensores el 15 de agosto pasado (entre 2003 y 2014 se desempeñó como ministro de Gobierno y Justicia de José Alperovich).
Discrepancias
La puja por la custodia de los casos no es la primera discrepancia que surge entre Gandur y Jiménez como consecuencia de las denuncias contra los fiscales Herrera y Noguera, y contra el juez Juan Francisco Pisa (en la misma causa, el testigo José Ricardo Falú cuestionó asimismo al fiscal Arnoldo Suasnábar). En una entrevista radial, Herrera dijo que Gandur se había extralimitado al abrir la auditoría porque esa facultad de superintendencia pertenecía a Jiménez a partir de la reforma de la Ley Orgánica de Tribunales sancionada por pedido del ministro público (ver “Me encantaría ir a juicio político”). Pero en la resolución adoptada tres días después de la divulgación de la denuncia del Colegio de Abogados, Gandur dijo que el artículo 15 de la Ley Orgánica lo habilitaba a auditar la fiscalía en cuestión. Ocurre que, sin perjuicio de las atribuciones acordadas al Ministerio Público por dicha norma, el artículo 121 de la Constitución provincial dispone que la Corte ejerce la superintendencia sobre toda la Administración de Justicia.