Es uno de los pilares de una sociedad. De ella depende que cada uno reciba lo que le pertenece o lo que le corresponde, así como la aplicación de las leyes en los juicios civiles o criminales y en el cumplimiento de las sentencias. Es además junto a la prudencia, la templanza y la fortaleza, una de las cuatro virtudes cardinales. La justicia siempre debe ser igual para todos, de lo contrario no sería tal. “Es el pan del pueblo; siempre está hambriento de ella”, sostenía el escritor René de Chateaubriand. Desde hace unos años, la institución viene sufriendo el acoso del poder político y está en la mira de la ciudadanía. En su visita a nuestra ciudad, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Ricardo Lorenzetti, pidió que se cuidara el prestigio del alto tribunal.

El magistrado se refirió a la posibilidad de llevar nuevamente a nueve la cantidad de integrantes en la CSJN (actualmente son cinco) por el Gobierno nacional, según una versión. Dijo que el problema no es el número, sino los contextos. “La experiencia argentina muestra que cuando se hizo un cambio grande en la Corte, durante la presidencia de Carlos Menem, después hubo una gran crisis porque se intentó modificar las mayorías con desprestigio grave para el tribunal. Como consecuencia de ello, hubo toda una intervención en la Corte y nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para revertir la situación. Cuidemos el prestigio de la Corte de la Nación; no repitamos los errores del pasado y respetemos las instituciones. Decir que una ley es inconstitucional porque afecta los derechos de los jubilados o de los trabajadores o poner límites a los poderes públicos y económicos o establecer equilibrios en la protección del ambiente no son temas menores... demos estabilidad a la Corte y a todas las instituciones”, afirmó.

La estabilidad de las instituciones es, por cierto, fundamental para su funcionamiento. Pero estas también deben mostrar la idoneidad de sus miembros, así como la equidad en sus decisiones. La sociedad viene reclamándole a la Justicia que tenga celeridad, que no haya impunidad, que se castiguen con rigor los delitos y homicidios. Casos como el de Paulina Lebbos, por ejemplo, que han dormido varios años en los tribunales locales sin que se avanzara en la investigación o hechos delictivos en que los culpables suelen ser liberados rápidamente son motivos de indignación y contribuyen a que el ciudadano se sienta desprotegido. Una de las críticas más frecuentes es que la Justicia se ocupa más de los derechos del victimario que de la víctima. Los intentos de linchamiento en la vía pública -censurables desde todo punto de vista- cuando sucede un motoarrebato, son un reflejo de la impotencia y de la insatisfacción por la justicia.

Sería interesante, por ejemplo, si la Justicia se acercara más a la comunidad, que hubiese jueces barriales, lo cual les permitiría estar más cerca de la gente, especialmente de aquellos que viven en la marginalidad o totalmente abandonados por los poderes del Estado. Quizás los fallos se volverían incluso más justos, más humanos.

Con una real división, independencia de poderes y magistrados probos se puede garantizar una justicia digna. Si eso sucede será realidad aquello de “todos somos iguales ante la ley” y el respeto a la institución vendrá por añadidura. “La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”, sostenía Simón Bolívar.