Con la seguridad que le ofrecieron las últimas declaraciones del gobernador José Alperovich, que pidió que cayera “todo el peso de la ley” sobre la empresa Hidroeléctrica Tucumán SA, el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, se anima a disparar sus cañones: “toda la responsabilidad de lo ocurrido en Escaba el fin de semana es de esa empresa. La Provincia está exenta de responsabilidades”, enfatiza. Admite que es su hipótesis, y que la Justicia determinará la culpabilidad por los daños en los pueblos situados aguas abajo del embalse sureño. Pero él está firme en su postura: no es el Estado provincial, sino la firma que opera la represa, la verdadera villana en esta película que inundó de terror a miles de habitantes de Escaba de Abajo, Badén de Marapa, Graneros y La Madrid.

Posse Ponessa se desvía unos minutos de su agenda, invadida principalmente por la situación en Escaba, para charlar con LA GACETA y explicar qué es lo que piensa hacer el Gobierno para que se haga justicia. Esta vez, según la postura oficial, la culpable no fue únicamente la naturaleza, sino que hubo fallas humanas. Al fiscal lo acompaña Hugo Rodríguez, asesor letrado de la Fiscalía, uno de los abogados que delinearán las acciones.

- ¿Qué está haciendo el Gobierno con el caso Escaba?

- (Jorge Posse Ponessa) Estamos recabando información, pidiendo los contratos de concesión de la empresa (Hidroeléctrica Tucumán SA, que explota Escaba, Pueblo Viejo y El Cadillal) para ver cuáles son las obligaciones que pesan sobre ella y fundamentalmente cómo debe obrar en situaciones de crisis. Con todo eso, vamos a decidir qué acciones legales vamos a emprender. A priori es claro que la responsabilidad pesa sobre la Hidroeléctrica.

- ¿En virtud de qué instrumento aparece esa responsabilidad?

- (Hugo Rodríguez) En virtud del contrato de concesión, que data de 1996. Nosotros no pensamos intervenir en lo que corresponde a la Nación, a través del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep), pero sí en lo que es competencia de la Provincia. Sobre eso trabajamos.

- ¿Pero existe también una responsabilidad concurrente del Estado?

- (HR) Todo eso se va a determinar. Prima facie yo puedo decir que esta responsabilidad es de la Hidroeléctrica, que tiene a su cargo la operación y mantenimiento de la presa. Nosotros no podemos cambiar la responsabilidad de ellos. Hay una normativa técnica que tienen que cumplir a los fines de operar con seguridad el embalse. Si no la cumplen, ellos son los responsables. Por supuesto que si hay un caso fortuito, algo que está fuera de toda previsión, es otra cosa. Pero eso tendrían que probarlo ellos. Nosotros tenemos una situación de emergencia, inundación y compromiso (estructural) del embalse y entendemos que la única responsable es la empresa.

- ¿Esas responsabilidades hasta dónde podrían llegar? ¿Se podría solicitar, por ejemplo, que paguen por los daños causados a los vecinos de los pueblos afectados?

- (JPP) Acá tenemos que evaluar los daños de la gente y también los de la provincia. Roturas de rutas, de puentes y demás circunstancias que nos afectaron. Lo que tenemos que determinar es el grado máximo de responsabilidad de Hidroeléctrica Tucumán SA. A priori es absolutamente responsable y yo creo que la provincia está exenta de responsabilidad en esta situación. El contrato prevé cómo se tiene que manejar ante una emergencia. Hay que ver si se ha manejado la situación correctamente.

- Pero previo a la situación de emergencia, está la responsabilidad del Estado de controlar a la empresa...

- (JPP) El Estado controló, llevaba el control. Una semana antes hubo una reunión (de la Comisión de Embalse y Desembalse, el martes 7) en la que se verificó el estado de la cota, que estaba en condiciones normales y se indicó a la Hidroeléctrica que debía mantener en esas condiciones el dique. Nuestra hipótesis es que no mantuvieron la cota que se ordenó mantener.

- (HR) La indicación era mantener la cota por debajo del límite que luego se superó y que se tomen los recaudos para evitar cualquier daño aguas abajo del embalse. Esa fue la orden y en esa reunión había un representante de la empresa, por lo tanto está notificada.

- (JPP) Nosotros tenemos información acerca de que estaba subiendo la cota y que no se estaba trabajando (para bajarla), eso es algo que tenemos que corroborar. Pero evidentemente fue así, porque la cota estaba más alta. ¿Y por qué lo harían? Porque les convenía: porque después viene la época de sequía y necesitan más agua para el riego y la generación de energía. Y otra cosa a determinar es por qué no se abrieron las compuertas para que progresivamente se sacara el agua.

- ¿La empresa ya realizó su descargo?

- (JPP) El día martes se lo solicitamos y les dimos un plazo de 24 horas. Estamos esperando la respuesta de ese informe. Esta tarde (por ayer) se cumple el plazo. Una vez que tengamos toda la información que necesitamos, vamos a evaluar qué tipo de acción legal vamos a iniciar. Por razones estratégicas no podemos anticiparlas, pero es seguro que habrá una acción judicial. Por supuesto que es un largo proceso y habrá que ver qué es lo que dice la Justicia.

- (HR) Si hay que llegar hasta las últimas consecuencias, a la rescisión del contrato, pediremos a la Nación que lo haga. No podemos tener un irresponsable operando un lugar estratégico. Podría haberse llevado puestos Alberdi, Graneros, La Madrid y hasta Termas de Río Hondo.

- ¿A partir de ahora habrá cambios en los controles que realiza el Estado con esta empresa?

- (JPP) Por supuesto, tiene que haber un control totalmente distinto. La provincia siempre ha controlado, pero después de esto será más celosa en ese control.