La detención se le venía encima a Roxana Teves. Carolina Severini, hija de su concubino fallecido, Augusto Vito Severini, la había denunciado en sede penal por la supuesta organización de una asociación ilícita para privar de la libertad y de los bienes a su padre. La denunciante tenía como abogados a Edmundo y a Ana Lucía Jiménez, hijos de Edmundo Jiménez, ex ministro de Gobierno y Justicia, y actual jefe del Ministerio Público Fiscal y Pupilar. Y el expediente penal había ingresado en la oficina de Guillermo Segundo Herrera, fiscal de la X Nominación de esta capital.
El 19 de mayo de 2010, Teves envió una carta documento al ministro y al fiscal para pedirles que respetasen su derecho a demandar la parte que le correspondía en un patrimonio de más de $ 20 millones de pesos. Además, mandó copias de aquellas misivas al gobernador José Alperovich, y a Antonio Estofán y a Luis De Mitri, entonces respectivos presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y ministro público.
“Fui concubina y socia de Severini por el lapso de aproximadamente diez años. Le pido que se abstenga de usar su investidura e influencia en la Justicia ordinaria de Tucumán en mi desmedro y vejamen, tanto en sede civil como en sede penal”, dije Teves a Jiménez padre (asumió en el Ministerio de Gobierno y Justicia con Alperovich, en 2003, y renunció el año pasado para convertirse en jefe de los defensores y fiscales, en reemplazo de De Mitri). La mujer afirmó a continuación, según la copia a la que tuvo acceso LA GACETA, que existían irregularidades en el juicio sucesorio iniciado por los hijos de Jiménez, Edmundo (h) y Ana Lucía, en representación de Carolina Severini. “Como ser que el expediente fue direccionado al Juzgado de Familia y Sucesiones de la III Nominación donde actúa como prosecretaria (hoy secretaria) la procuradora Marcela Fabiana Flores, hija de una persona afiliada al Partido Justicialista de su confianza, todo lo cual es público y notorio. Descarto una mera coincidencia tras observar el manejo del expediente”, ejemplificó (Jiménez padre se desempeñó como secretario general del Partido Justicialista hasta que pasó al Ministerio Público).
Demasiadas casualidades
Teves expresó que, aunque Edmundo (h) y Ana Lucía Jiménez eran apoderados de Carolina Severini, todos los procesos judiciales eran consultados asiduamente por Carlos Guido Cattáneo, entonces funcionario del Ministerio de Gobierno y Justicia, y hoy abogado de la senadora Beatriz Rojkés. “Ello es otra prueba de la influencia que usted está ejerciendo en el Poder Judicial para procurar un éxito contrario a mis intereses. Por favor, deje actuar a la Justicia libremente y con independencia”, rogó la mujer al actual jefe de los defensores y fiscales provinciales.
Hacia el final de la carta, Teves informó a Jiménez que había tomado conocimiento en forma extraoficial de la apertura de una causa penal a instancias de la denuncia de Carolina Severini: “en ella intervienen también casualmente sus hijos, y un reconocido y público amigo suyo, el fiscal Herrera. Son tantas las coincidencias en mi contra que no puedo sino pensar que existe toda una estrategia política-judicial para impedir el reconocimiento de mis derechos, donde están en juego aproximadamente $ 20 millones”. La mujer se despidió del ministro con una advertencia: “lo hago responsable en adelante de los perjuicios, y riesgos físicos y económicos que puedo correr junto con mi familia”.
Seis meses después del envío de estas misivas, una división de la Brigada se presentó en el domicilio de Teves con una orden de detención pedida por el fiscal Herrera y firmada por la Emma Lidia De Nucci en contra de ella, de su hija, de su hijo y de una nuera. Luego, De Nucci les dictó la prisión preventiva, medida que dejó sin efecto a posteriori de que la mujer firmara una serie de documentos en los que desistía de sus pretensiones económicas. Hasta esta semana, Teves continuaba imputada en el caso iniciado por los hijos de Jiménez en representación de la heredera Carolina Severini.