Pasaron cinco años desde aquel 13 de octubre de 2009 en que el intendente de la capital, Domingo Amaya, decidió cesantear -a través del decreto 3.926- al titular del sindicato municipal Osvaldo “Cacho” Acosta. La medida fue judicializada en su momento por el dirigente gremial. Y luego de pasar por varias instancias en Tribunales, el 18 de marzo pasado la Corte resolvió declarar inadmisible y “mal concedido” el recurso de casación interpuesto por la Municipalidad de la capital contra la sentencia de la Sala I de la Cámara del Trabajo, que había resuelto la reinstalación de Acosta en su puesto laboral.
“Tras un prolongado proceso judicial de trámite sumarísimo, la Corte terminó por confirmar las sentencias dictadas en las instancias anteriores que habían resuelto hacer lugar a la acción de reinstalación en mi puesto laboral”, sostuvo Acosta, quien es patrocinado por el abogado Luis Cerda.
“Cabe destacar que tanto la Cámara del Trabajo y el fallo de primera instancia me dieron la razón al declarar la nulidad absoluta del decreto del intendente por el que me cesanteó. Se violó flagrantemente la garantía de la tutela sindical prevista en el artículo 14 bis de la Constitución nacional y las leyes sindicales que dan garantías necesarias a los representantes gremiales para el cumplimiento de la gestión sindical y la estabilidad en el empleo”, agregó el sindicalista, opositor a la gestión de Amaya.
En paralelo al fallo de la Corte, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) aprobó, en asamblea ordinaria, el balance general, la memoria y las cuentas de gastos y recursos de la institución gremial capitalina.