Efectuar operaciones comerciales o financieras, con la esperanza de obtener beneficios basados en las variaciones de los precios o de los cambios. Es la definición de un verbo que ha hecho camino al andar en la historia argentina de las últimas décadas: especular. Basta que la demanda de un producto de primera necesidad incremente para que esta escasee o desaparezca misteriosamente, y su precio aumente considerablemente. Millones de hogares argentinos carecen de gas natural y deben abastecerse de garrafas.
Con la idea de evitar los abusos y la venta con sobreprecios que se registraron con el plan “Garrafas para todos”, la semana pasada, la Presidenta anunció el lanzamiento del programa “Hogares con Garrafa” (Hogar), a partir del 1 de abril pasado. Luego del anuncio, la “garrafa social” de 10 kilos que se vendía en algunos lugares a $ 16 trepó a $ 170. Varios lectores de nuestro diario denunciaron que en Villa Mariano Moreno y Cruz Alta, el precio alcanzó los $ 100 y $ 130, respectivamente.
Ascienden a 4 millones los hogares argentinos que se abastecen con garrafa; el nuevo plan beneficiará a 2,5 millones de familias; el Gobierno invertirá alrededor de $ 3.000 millones anuales, con ello se cree que se erradicarán los excesos. Podrán acceder al programa aquellos que perciban hasta dos salarios mínimos ($ 9.432) y hasta tres sueldos mínimos ($ 14.148) para las familias que cuenten con un discapacitado o que se habiten viviendas de uso social y comunitario. El Ministerio de Economía de la Nación informó que efectuará los pagos de cada mes por adelantado al primer millón y medio de beneficiarios inscriptos de manera directa, y aclaró que debido al cierre de los bancos por los feriados de Semana Santa, no fue posible realizarlo el 1 de abril, pero que el dinero estará disponible este lunes.
En junio y en diciembre pasado se produjo escasez de la garrafa social. Los comerciantes adujeron que había desabastecimiento y en consecuencia, el producto estaba sobrevaluado. Argumentaron en la oportunidad que había una reducción del envío del fluido a las distribuidoras de la zona. El Programa Nacional de Consumo Residencial de Gas Licuado de Petróleo, implementado por la Secretaría de Energía de la Nación establecía el costo de la garrafa desde 2008, cuando suscribió un convenio con empresas productoras, fraccionadoras y distribuidoras de gas licuado de todo el país.
En diciembre pasado, un representante de la Cámara de Distribuidores de Gas Licuado (Cadigas) sostuvo que según la Secretaría de Energía de la Nación, había 334 firmas clandestinas que distribuían garrafas en el país, las cuales representaban el 65% de las empresas del sector. Agregó que estas no respetaban los valores convenidos y que afectaban a las que trabajaban de manera formal.
Si hay tantas firmas ilegales, reconocidas por la Secretaría de Energía, cabe preguntarse qué se ha hecho al respecto para intimarlas a que se legalicen, para multarlas o clausurarlas. Si el Estado falla en el control está favoreciendo a la clandestinidad, permitiendo no sólo una evasión fiscal, y desprotegiendo al destinatario que se busca beneficiar. El principal afectado en este tipo de especulación es siempre el bolsillo del ciudadano. Solamente alguien que carezca de sensibilidad y de moral puede lucrar con la necesidad de los otros.