BUENOS AIRES.- El fiscal Jorge Di Lello relativizó la denuncia de la diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sobre que Florencio Randazzo no puede seguir al frente del Ministerio del Interior por su condición de precandidato presidencial del Frente para la Victoria, al sostener que “todos los presidentes que fueron reelectos tuvieron esa situación” porque fueron “jefes de ministros”. No obstante, dijo que recién estaba “comenzando a leer” la denuncia y quería evitar “pre-opinar”.

“Siempre ha sido así”, respondió Di Lello consultado por radio Nacional Rock sobre el interés contrapuesto aducido por Carrió, lo que fue rechazado por la Cámara Nacional Electoral con el argumento de que el caso debía comenzar a tramitarse por primera instancia, por lo que dio intervención a Di Lello, quien tiene competencia en esa materia.

El fiscal amplió: “todos los presidentes que fueron reelectos tuvieron esa situación”. “¿Por qué? Porque el presidente es el jefe de todos los ministros: los mueve, los saca y los pone”, argumentó Di Lello.

Ejemplificó con el caso de Cristina Fernández al decir que, “cuando fue candidata, si fuera tan así (lo del conflicto de intereses), estaría en ese supuesto”. “Porque el ministro del Interior depende de ella y, entonces, cada presidente que fue candidato por segunda vez, naturalmente, estaría en una especie de conflicto de intereses”, concluyó.

Multas e inhabilitaciones

Por otro lado, Di Lello advirtió que pueden aplicarse “multas o inhabilitaciones” a los candidatos presidenciales que figuran en carteles con publicidades de campaña electoral, al recordar que la ley prevé la realización de proselitismo 30 días antes de las compulsas. “La publicidad de campaña se extiende entre 25 y 35 días antes de una elección según sean las PASO o elecciones legislativas o presidenciales”, explicó el fiscal general.

“Las sanciones que están en la ley, que son para las agencias que ponen los carteles, para los responsables económicos y financieros y para los candidatos, son multas o inhabilitaciones”, alertó Di Lello en línea con la Cámara Nacional Electoral.

Ese cuerpo emitió una sentencia en la que fijó límites a la campaña anticipada, al ordenar a los candidatos a presidente a explicar, de manera extraordinaria, los gastos en proselitismo y, además, dispuso fijar una faja de clausura sobre los carteles de los presidenciables que hagan campaña deliberadamente.

Se trata de medidas inéditas tomadas por el tribunal judicial ante el proselitismo masivo realizado por los postulantes durante 2014, un año antes de lo que fijado por ley. Y advirtió en la sentencia sobre el “alto grado de opacidad respecto de la identidad de las fuentes de financiamiento. Di Lello, reiteró que la ley prevé proselitismo 30 días antes de las elecciones. “Cada vez que hay cambio presidencial y el fenómeno sucesorio no está claro, las aspiraciones se multiplican y la necesidad de captar el voto” atentan contra “los plazos de campaña” fijados por ley. (DyN)