Una nueva tarjeta de pago electrónico de boletos de ómnibus se sumará en algunos meses más a las billeteras de los tucumanos. El gobierno nacional aprobó ayer el cronograma para extender el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), que se utiliza en Buenos Aires, a numerosas capitales y ciudades importantes de Argentina, entre ellas Tucumán. Aún no se han informado los detalles de su implementación en nuestra ciudad, pero en principio no sería obligatorio adquirir el nuevo plástico.
“No habría ningún inconveniente para aplicarlo en Tucumán ya que la Tarjeta Ciudadana es técnicamente compatible con la SUBE. Es más bien un trámite administrativo que, al concretarse, podría habilitar a pagar cualquier ómnibus de cualquier provincia con cualquiera de las tarjetas del sistema, como la nuestra”, explicó Luis Lobo Chaklián, subsecretario de Planificación Urbana de la Municipalidad. De todos modos, el funcionario no pudo precisar si ya recibieron la notificación oficial.
Según informa la agencia oficial Telam, el plazo de implementación será de 90 días corridos para las ciudades de Formosa, San Juan, Ushuaia, Mendoza, Neuquén, Río Gallegos, Mar del Plata y Bahía Blanca. En tanto, el plazo será de 120 días corridos para San Miguel de Tucumán, San Fernando del Valle de Catamarca, Rawson, San Salvador de Jujuy, La Rioja, Viedma, San Luis, Resistencia, Paraná, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Santiago del Estero, Posadas, Santa Rosa y Salta.
Mayor control
El uso de la tarjeta SUBE como medio de pago está vigente en el Área Metropolitana de Buenos Aires desde 2010 y sirve para el transporte público automotor, subtes y trenes urbanos y suburbanos. En diciembre pasado, el Ministerio del Interior, conducido por Florencio Randazzo, dispuso que las provincias y municipios con más de 200.000 habitantes que prestan esos servicios adopten las medidas necesarias para implementar el sistema. Esa medida incluyó a las empresas con servicios interprovinciales bajo jurisdicción nacional, beneficiarias del sistema de compensaciones tarifarias. Entre otros aspectos, permite al Gobierno nacional llevar un mayor control de los subsidios que otorga al servicio de transporte; a partir de su implementación, los beneficiarios de esos subsidios son los pasajeros de forma directa y no ya las empresas.